La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte el Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, ha manifestado que el problema de los bienes de las parroquias aragonesas en depósito en el Museo de Lérida, pendientes de devolución, "no es solo un problema de la Iglesia, es civil y político", de las autoridades catalanas, y por eso "la vía de resolución tiene que empezar por la vía política, al margen de las resoluciones judiciales".

Dolores Serrat ha intervenido ante el pleno de las Cortes de Aragón, a petición del PSOE, para informar sobre las acciones del Ejecutivo para que los bienes vuelvan a la Comunidad y ha pedido "tiempo" para que la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se reúna con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, algo que puede ocurrir "en breves fechas", "e iniciar el camino de la búsqueda del acuerdo" y la solución "más oportuna y buena para todos" y que las obras "estén pronto en el Museo Diocesano de Barbastro".

En este sentido, ha explicado que la propiedad de los bienes ya "no es el motivo del litigio", sino cómo hacer que se ejecuten las sentencias canónicas que reconocen esa propiedad a las parroquias aragonesas y "la vía del diálogo nos puede dar margen" porque "se han hecho cosas, pero no se han agotado todas las posibilidades, mucho más si tenemos en cuenta que ha habido cambios en los equipos de gobierno" de ambas Comunidades.

Además, se ha comprometido a seguir trabajando en las soluciones "judiciales" y sociales, "también en ellas estaremos", ha dicho en referencia a estas últimas porque "entre todos tenemos que empujar en el mismo sentido", para desear, asimismo, encontrar también apoyo del nuevo Gobierno central, cuando se constituya.

Decisiones tardías

La consejera ha opinado que las decisiones administrativas tomadas por el anterior Gobierno de Aragón "han sido más bien tardías" puesto que aunque en 1999 se inició el procedimiento para la inclusión de estos bienes en el patrimonio aragonés, este fue archivado y hasta 2011 no se han declarado 86 de estas piezas como bienes aragoneses, en enero, mientras que en junio 24 bienes muebles se declararon como Bienes de Interés Cultural (BIC).

Al respecto, ha indicado que frente a la primera declaración de enero han presentado recurso la Generalitat de Cataluña, en junio, y el Consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida en septiembre y frente a la segunda han recurrido el Consorcio, en octubre, y la Diputación Provincial de Lérida en noviembre, expedientes que están "en trámite" en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Además, ha recordado que hay ocho recursos contencioso-administrativos "en marcha", que "da idea de la litigiosidad del tema". La consejera ha lamentado que entre 1999 y 2011 el Gobierno de Aragón "fuera casi agente pasivo" y que hasta 2009 no se personara de forma activa en los procesos judiciales, para estimar que el actual Gobierno aragonés tiene su representación jurídica a través de la dirección general de Servicios Jurídicos.

También "sorprende" que una de las "resoluciones más importantes" de 2006 por las que el Gobierno catalán incluyó a la colección del Museo de Lérida, que la entiende como única, en el catálogo del patrimonio cultural catalán, "no fuera recurrida por el Gobierno de Aragón", ha sostenido Serrat.

En esta línea, le ha indicado al PSOE que si ahora anima al Gobierno aragonés a exigir al obispo de Lérida que denuncie a la Generalitat por impedirle devolver los bienes "por qué no lo han hecho ustedes mientras han gobernado, si lo tienen tan claro".

Igualmente, ha criticado que "no conste" ninguna reunión del anterior Gobierno con representantes del Ejecutivo catalán para tratar sobre este asunto, y ha recordado que, además de la entrevista pendiente con Artur Mas, solicitada este verano, Rudi ya se ha reunido con el Nuncio de la Santa Sede en España, Renzo Fratini.

La consejera ha calificado este asunto que "crónico, complejo y conflictivo", así como de "identitario y de sentimiento", además de una cuestión de "justicia" porque "justo es que reclamemos lo que nos pertenece" y "quiero pensar que todos estamos bajo un esfuerzo común, como ha sido en el pasado" de "apoyo a las decisiones" porque "de nada sirve que nos echemos los trastos a la cabeza".

Un par de reuniones

La diputada del PSOE, Ana Cristina Vera, ha querido saber "qué va hacer este gobierno" porque los bienes "continúan" en el Museo de Lérida, además de "un par de reuniones", y después de las "manifestaciones muy duras y tajantes de su grupo" cuando ha estado en la oposición y que "en estos meses no veo por ningún lado".

"No veo que estén poniendo en práctica lo que hace unos meses predicaban" y de las reuniones "poco ha transcendido, más allá de hacerse la foto" y ha sido una "toma de contacto, que le ha servido a nuestra presidenta para conocer la situación del asunto, más que exigir con contundencia la devolución de los bienes", ha dicho, para saber si se va a solicitar al nuevo Gobierno de España "que intervenga y actúe" después de haber criticado el PP que hasta ahora no lo haya hecho.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha remarcado que "nosotros queremos que los bienes vuelvan a Aragón" y ha estimado que la "clave" del asunto es que "no es solo un problema religioso, sino político" y la solución pasaría por que el obispo de Lérida "se vaya del Consorcio y entonces podría devolver los bienes", además de estimar que la vía judicial "puede ser muy larga" y por eso ha animado a la consejera a "que intente la vía política".

El diputado de IU, Miguel Aso, ha argumentado que esta cuestión "se tiene que resolver por la vía jurídica puesto que no hay acuerdo" y "la iglesia catalana no reconocer las posiciones del Vaticano", para recalcar que este es uno de los problemas del patrimonio aragonés, pero hay muchos otros, como la mala situación de distintos castillos, pinturas rupestres y otros bienes.

La diputada del PAR, María Herrero, ha abogado por la "unión" y la "perseverancia" en esta cuestión, ante un problema "complicado, complejo y largo", en el que el Gobierno anterior "hizo todo lo que estaba en su mano".

El diputado del PP, Miguel Navarro, ha lamentado, sin embargo, la "permisividad, pasividad y silencio" del anterior Ejecutivo por "no haber exprimido todos los medios para hacer efectivas las sentencias, por no haber tomado medias contra distintas disposiciones de la Generalitat" y "no haberse dejado oír" durante sus doce años de gobierno, mientras que el actual Ejecutivo tiene un "compromiso firme" y el "esfuerzo" para solucionar un "problema enquistado y complejo".