El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, ha asegurado que su plan de austeridad "no es propaganda" y "lo anunciamos, lo cumplimos y lo ejecutamos". En este sentido, ha señalado que este mes de diciembre se realizará el informe trimestral de seguimiento sobre la ejecución del plan, que incluye 104 medidas y para el que se estima un ahorro de 105 millones de euros en cuatro años.

Garcés ha comparecido ante el pleno de las Cortes de Aragón a petición de Chunta Aragonesista (CHA) para informar sobre el Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón, presentado en septiembre de este año.

CHA criticó en rueda de prensa que después de sumar todas las partidas que le había facilitado el Gobierno en respuesta escrita a 104 preguntas formuladas por cada una de las medidas, el plan de racionalización se descuadraba en 33 millones de euros y se incluía un ahorro anual de 12 millones de euros en inmuebles, patrimonio y rescisión de alquileres cuando esto no se puede considerar gasto corriente.

El consejero ha reconocido que la enajenación de activos "no es gasto corriente", si bien ha anunciado que dentro de tres meses presentarán el plan de racionalidad de bienes inmuebles, que complementará al del racionalización del gasto, tras "identificar perfectamente los lotes de inmuebles" que "vamos a intentar vender", aunque "el mercado está mal", pero eso no debe impedir "que apliquemos medidas proactivas", como están haciendo "todas las Comunidades autónomas".

Garcés ha agregado que el "aparente desliz numérico" no es tal y tras recalcar que en las respuestas había "muchas referencias numéricas", ha indicado que está sin cuantificar el ahorro "importante" en gastos de transferencias corrientes y el contrato de telefonía; este último ha estimado que permitirá un ahorro de entre el 25 y 30 por ciento, para lo que "estamos acabando el nuevo pliego" y "probablemente se adjudicará en abril" del año que viene.

Sobre los gastos en transferencias corrientes ha subrayado que habrá "minoraciones" porque hay ayudas públicas "necesarias", pero también las hay "innecesarias", igual que hay "inversiones productivas y otras no" y de estas últimas "hemos tenido muchas", como el Fondo Estatal de Inversión Local, ha apuntado.

Ha añadido que, por ejemplo, hay "determinados gastos que no deberían ser objeto de financiación" como subvenciones a empresas "cuyos directivos cobraban más de 120.000 euros", algo "intolerante siempre y más ahora", para indicar que habrá una reducción de cinco millones de euros anuales en ayudas públicas "superfluas, ineficientes e innecesarias" fruto de "políticas prebendarias de otras etapas políticas".

Ahorro superior

El consejero ha sostenido que "la ejecución del plan va a tener ahorro superior al que habíamos proyectado inicialmente" y ha argumentado que este plan se puede cuantificar a cuatro años porque es lo que dura la legislatura y el principio de plurianualidad "rige desde 2003".

Además, "ya hemos empezado a poner en venta algunos coches oficiales y vamos a seguir"; se ha centralizado al gestión del gasto en taxis y uso de vehículos "para evitar abusos"; se ha reducido el coste del servicio de correspondencia; se han ajustado las tarifas en 110 líneas de teléfono, y no se pueden hacer llamadas al extranjero excepto los miembros del Gobierno y directores generales autorizados.

Igualmente, se han restringido las reproducciones gráficas y se han eliminado muchas suscripciones; "ya no hay cocina en el Edificio Pignatelli"; no se autoriza la compra de nuevo mobiliario, sino que se reutiliza el existente, y se han reducido las dietas.

Asimismo, el traslado de determinadas oficinas y la rescisión de contratos de alquiler ya hechos o próximos supondrán un ahorro de 1,4 millones de euros en 2012, que podría elevarse a 2,4 millones si se realizan otras previstas en los próximos siete meses, con un ahorro anual de "casi un tercio de lo que estábamos gastando ahora".

Este es un "esfuerzo que estamos haciendo y que tienen que aplaudir", ha opinado Garcés, para comentar que el anterior Gobierno también tenía un plan de racionalización, pero "otra cosa es que diera resultados", teniendo en cuenta el elevado déficit público que generó, para recalcar que el plan de racionalización actual "ha sido copiado, también en Andalucía, y no pasa nada".

Fines propagandísticos

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha opinado que el Gobierno buscó, con este plan, "fines propagandísticos", dando una cifra global de ahorro sin tener cuantificadas las medidas concretas, pero "se han pasado de frenada" y "le hemos pillado con el carrito del helado". Ahora, "nos huele a recorte" el anuncio de la minoración del capítulo de ayudas y subvenciones.

"No pasa nada", ha agregado, y ha animado a Garcés a defender el plan, aunque reconociendo que "no es para tanto", además de criticar que en las respuesta a CHA aparecen "cifras infladas sin criterios objetivos de cuantificación", se computa la venta de inmuebles como gasto corriente y ha calificado de "trampa conceptual" computar el ahorro en cuatro años porque se debería hacer anualmente.

La diputada del PSOE, Ana Fernández, también ha calificado de "operación propagandística" el plan, y ha recordado que el Gobierno anterior también tenía medidas de ahorro y se hacía un seguimiento. Ha advertido de los problemas que puede ocasionar a las entidades si los anticipos son del 25 por ciento de la ayuda y no del 50, como hasta ahora, porque "van a recibir menos dinero y van a tener más dificultades".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, se ha mostrado a favor de "gestionar los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y austeridad", pero ha estimado que el PP "está utilizando la austeridad para recortar servicios" y afirmar que "lo superfluo para el PP es la educación y por eso no se cubren plazas ni se construyen centros" y observar que lo que es una "obligación, ser eficientes, pase a ser un anuncio propagandístico".

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, se ha referido al pacto de gobernabilidad PP-PAR que recoge una política fiscal y presupuestaria "basada en los principios de austeridad y contención del gasto público y fiscal", pero ha puntualizado que esto es un "medio, no un fin", y su objetivo es "la salida de la crisis, la incentivación de la economía y la generación de empelo" y, para eso, "no está solo ante el peligro" le ha dicho al consejero porque "esto es un tándem" y aunque haya que adoptar medidas "impopulares y difíciles, nos va a encontrar en el camino".

El diputado del PP, Jorge Garasa, ha argumentado que en la situación actual las Administraciones "deben plantearse el papel que deben desempeñar y como deben administrar los recursos". En el caso de Aragón se ha hecho un plan de racionalidad del gasto corriente y un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que "marcarán un antes y después" y ha solicitado el apoyo a estas acciones "por el bien y la calidad de vida de los aragoneses" y para "poner orden y concierto en nuestras cuentas públicas".