El Gobierno de Cantabria estudia declarar la lesividad del acuerdo de la Junta del Puerto de Laredo, después de que un informe jurídico encargado por el Ejecutivo cuestione la legalidad del mismo.

Así lo ha revelado el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlamento de Cantabria para explicar los presupuestos de su departamento para el año próximo.

Rodríguez Argüeso ha cuestionado así a su predecesor, el exconsejero José María Mazón, quien le urgía a desarrollar medidas para crear empleo y le ponía el Puerto de Laredo como ejemplo de infraestructura que generaría riqueza.

Y ha avanzado que es un tema del que quiere hablar en el Parlamento en próximas comparecencias.

El Puerto de Laredo, paralizado y sin ocupación de barcos pese a estar finalizado, ha centrado otras sesiones parlamentarias recientemente, en las que se detalló que el Gobierno de Cantabria debían casi 40 millones de euros a bancos y entidades financieras como consecuencia de las obras, que no se terminarían de pagar hasta el año 2019.