El Gobierno del Principado ha opinado este lunes que la tecnología que se quiere aplicar en la depuradora de San Claudio, en Oviedo, es "una auténtica locura", de la que discrepan organismos como Cadasa y el propio Ejecutivo autonómico.

En una Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente celebrada a petición del PP, el director de Obras Hidráulicas y Puertos, José Javier González, ha dicho no obstante que el convenio se firmará si Estado y Principado tienen viabilidad financiera y a partir de ese momento se licitará la obra, que podría estar finalizada en 2015.

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que las obras de la planta suponen "una solución dispendiosa para Asturias", puesto que con una fórmula tradicional el coste de una parte de las actuaciones podría reducirse de 21 a 15 millones. Además, en lo que respecta a Villapérez ha precisado que el Gobierno no discrepa del desarrollo tecnológico, sino de su dimensión, dado que se trata de una nueva instalación para casi un millón de habitantes.

A este respecto, la diputada socialista Mercedes Álvarez ha subrayado el acuerdo de las partes en la obra de San Claudio y ha cuestionado la voluntad del Gobierno de imponer su tecnología al propio Ministerio.

El responsable del Saneamiento autonómico ha informado de que San Claudio recibe aportaciones equivalentes a 200 veces su caudal, con lo que "es imposible que cumpla con las condiciones de la directiva marco", que "obliga a emplear la mejor tecnología disponible, pero no la más cara". "Con una tecnología tradicional se consiguen las mismas garantías a un 60 por ciento menos de coste", ha remarcado. Al respecto ha añadido que el recurso a una tecnología de membranas es una decisión "politécnica".

Fijación de posiciones

En el turno de fijación de posiciones, el PP ha reprochado que no haya sido la consejera quien haya respondido a las preguntas por lo que solicitarán, al igual que el PSOE, una interpelación ante el pleno de la Junta General.

Así mismo Juan Basilio González, diputado del PP, ha anunciado que presentarán unas preguntas de urgencia para aclarar los "reajustes o reprogramaciones" asociados al recorte de 32 millones de euros anunciado por el Gobierno en materia de saneamiento.

"ilícitos" de "índole penal"

El conservador ha advertido de que la Administración está incurriendo en "ilícitos" cuyas consecuencias "pueden ser de índole penal". "Tienen en sus manos una patata caliente que tienen que resolver; Decir que ya se hará según disposiciones presupuestarias no es gobernar", ha defendido.

Desde las filas de IU , Emilia Vázquez se ha congratulado de pese al anuncio de un ahorro de 32 millones las obras vayan a salir porque el Principado tiene "un serio problema de saneamiento y depuración", que es, ha dicho, independiente a la gestión del Gobierno anterior.

Mercedes Álvarez ha concluido que no hay motivos para un retraso en las obras de San Claudio y Villapérez, puesto que la parte que debe poner el Principado la adelanta la empresa Aquanorte y ha advertido que haría "un daño tremendo a Oviedo".

En último término, la parlamentaria de Foro Asturias Esther Landa ha subrayado que el Gobierno no ha paralizado ninguna obra, sino que se ha visto en la obligación de "reajustarlas" por una gestión "nefasta". A su juicio, el PSOE "convirtió la junta de saneamiento en un chiringuito financiero" que no sólo no financiaba, sino que "dejaba deudas".

Cuentas "cuadradas"

Durante su exposición, el director general de Obras Hidráulicas, José Javier González, ha comprometido que todo el dinero del BEI se destinará a obras de saneamiento del Plan Nacional, del que están pendientes de licitar 20 obras por importe de 70 millones, con lo que "las cuentas están perfectamente cuadradas".

Además ha añadido que Asturias exigirá a la Administración central el cumplimiento de obras comprometidas por valor de 290 millones de euros. "No es una reprogramación de obras, sino un reajuste ordinario de anualidades", ha puntualizado al respecto de los planes del Gobierno asturiano.

En último término, la consejera del ramo, María Isabel Marqués ha recordado que el Gobierno de Asturias promulgará próximamente una ley autonómica en materia de aguas para "evitar las duplicidades" entre el Principado, la Junta de Saneamiento y el Consorcio de Aguas.

Según ha explicado, la nueva normativa reforzará el canon de saneamiento, regulará el uso lúdico de embalses, e incorporará límites actualizados sobre vertidos de aguas residuales e industriales.