Celebran este martes el juicio entre Ecologistas y Autoridad Portuaria por protestar en el puerto de El Gorguel

En concreto, esta prueba son las respuestas del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, contestadas por escrito, ya que declinó declarar verbalmente en el juicio.

La vista del juicio en el que Ecologistas en Acción de la Región de Murcia pretendía anular la resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sancionaba a ocho miembros de la organización ecologista por protestar contra la construcción del puerto de El Gorguel y que quedó aplazada la semana pasada para evitar la indefensión de la asociación, ya que ésta había obtenido una de la pruebas para su defensa en el transcurso del mismo juicio, tendrá finalmente lugar este martes.

En concreto, esta prueba son las respuestas del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, contestadas por escrito, ya que declinó declarar verbalmente en el juicio.

Así, la vista del juicio fue aplazada para este martes 29 de noviembre a las 13.00 horas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena.

Ecologistas en Acción Región Murciana pretende demostrar "lo injustificado de la sanción que le impuso en 2009 la Autoridad Portuaria de Cartagena siendo juez y parte", según explicaron en comunicado de prensa.

El juicio, añadieron las mismas fuentes, "no ha podido llevarse a cabo el mismo, debido al retraso en la entrega de las declaraciones por escrito de Viudes, que declinó asistir al juicio para responder a las preguntas de los abogados que representan a los ecologistas".

La acción, llevada a cabo en 2009 y por la cual se sancionaba a las ocho personas que participaron, tenía, según Ecologistas en Acción, "la única pretensión de ser un acto llamativo para conseguir sacar a la opinión pública los graves impactos ambientales, culturales y económicos que tendría el proyecto de Macropuerto de Contenedores de llevarse a cabo en El Gorguel".

Ecologistas en Acción considera, así, que la sanción económica es "absolutamente desproporcionada", y parece "más bien ser una represalia por la férrea oposición que el grupo ecologista ejerce contra el Macropuerto del Gorguel, proyecto estrella de la Autoridad Portuaria de Cartagena".

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