La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha reiterado este viernes, después de que este mismo jueves también se pronunciara sobre el tema, de que las medidas de "recorte" que en materia sanitaria están llevando a cabo algunos gobiernos autonómicos del PP, en alusión a Murcia y Galicia, o de corte también conservador, en referencia al gobierno catalán de Artur Mas (CIU), "están poniendo en serio riesgo la salud de los más desfavorecidos".

La titular andaluza de Salud, quien ha inaugurado en Sevilla las 'I Jornadas Andaluzas sobre el Síndrome de Prader Willi', ha aludido en esta ocasión al caso murciano, como "la segunda expresión a la que hemos asistido esta semana de como se están poniendo en serio riesgo los derechos de los ciudadanos, a los que les asiste una ley universal, pública y gratuita", en referencia a la "voz de alarma" elevada por el PSOE murciano acerca de que la comunidad que gobierna Ramón Luis Valcárcel (PP) está retirando de forma temporal la tarjeta sanitaria a inmigrantes y parados sin recursos, según informa el diario Público.

A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, Montero ha vuelto a recalcar que, recientemente, el Gobierno estatal "aprobó la Ley de Salud Pública, donde se universalizó la gratuidad de la sanidad para aquella parte de colectivos que habían quedado en mayor de riesgo después de la Ley General de Sanidad".

Sea como fuere, ha denunciado que las medidas de estos gobiernos autonómicos son "totalmente ilegales", toda vez que ha reprochado el que "se quiera excluir del sistema público a los colectivos de parados y a otros colectivos (de inmigrantes) censados y viviendo en España".

"No se pueden adoptar este tipo de medidas", ha insistido Montero, quien ha lamentado que, pase lo que pase, "en la práctica lo que ya están haciendo es disuadir la llegada de pacientes a los servicios asistenciales, ya que confunden a la gente, la cual ya no sabe si pueden tener derecho o no a una atención pública y gratuita".

Exención del pago

Además, ha recordado que la exención del pago de las recetas a colectivos como de mayores de 65 años "ha sido una compensación a sus pensiones, por lo que ahora, si tienen que pagar sus medicamentos, ello significará una reducción de su pensión y, mucho más grave aún, podría llevar a muchos mayores que tienen un pensamiento de consumo más austero a no consumir determinados medicamentos, aunque no fuese muy caros, para ahorrar por ahí".

Por todo ello, ha considerado que este tipo de medidas "no se pueden tratar a la ligera, ni trasladarle sin haber estado previamente en un programa electoral y sin que los ciudadanos hayan dado su consentimiento para ponerlas en marcha".