El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado a Inversiones Las Teresitas (ILT) 74.596.126,09 euros y se ha opuesto a pagarle ninguna cantidad, todo ello como consecuencia de la anulación del contrato de compraventa hecho en su día, tal y como ha informado la Corporación municipal en una nota de prensa.

Esta mañana se ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz el escrito de demanda del Ayuntamiento capitalino contra ILT y de contestación a la demanda de esta empresa, en el cual se contienen los fundamentos y razonamientos que sustentan la posición del Consistorio. El escrito ha sido redactado y preparado por los Servicios Jurídicos y Técnicos del propio Ayuntamiento.

Como se recordará, la reclamación de los 52.588.559,04 euros abonados a ILT como precio de la compraventa del llamado 'Frente de Playa' forma parte del pacto que sustenta al gobierno municipal de Santa Cruz. La reclamación que ahora se formula significa el cumplimiento de dicho acuerdo.

El Ayuntamiento, en el mismo escrito, se opone a las pretensiones de ILT, que reclama no sólo quedarse con el precio que cobró por la venta anulada (los citados 52 millones de euros), sino una cantidad adicional (63,407 millones de euros) hasta llegar a 116 millones de euros porque, en su opinión, dicha suma es el valor que tenían los terrenos que vendió al Ayuntamiento.

El Consistorio considera infundada dicha exigencia y argumenta que en ningún caso la restitución de lo que se entregaron las partes de la compraventa anulada arrojaría un saldo favorable a ILT, sino en todo caso al Ayuntamiento.

Según los técnicos municipales, en el supuesto más favorable para los vendedores resultaría un saldo a favor del Ayuntamiento de 66.422.257 euros. Para llegar a esta cifra, el Ayuntamiento razona y calcula, por un lado, las afecciones y reducciones producidas en los terrenos por el deslinde marítimo-terrestre; por otro lado, lo que significó para ILT la recalificación de los terrenos del llamado 'Sector B de Las Teresitas', que ILT vendió a la compañía Desurcic por 46 millones de euros, y tiene también en cuenta la incidencia en la ordenación de los terrenos de las decisiones urbanísticas tomadas por el Parlamento de Canarias y las administraciones públicas.

El Consistorio capitalino, además, hace constar expresamente en su escrito que las complicaciones causadas por el deslinde marítimo-terrestre en el curso de la ejecución de ciertas obras y proyectos municipales han originado y continúan originando daños a la Corporación, que esta podría reclamar y que se reserva expresamente a hacerlo más adelante.

La reclamación del Ayuntamiento se dirige también personalmente contra los socios de ILT, ya que los servicios municipales consideran que la sociedad ILT, la cual no ha tenido ninguna otra actividad que la compra primero y la reventa después de los terrenos de Las Teresitas es en realidad, una vestidura jurídica artificiosa, que no impide la exigencia de responsabilidades personales a quienes son sus únicos socios y administradores.