El director general adjunto de Bancaja, Juan Zurita, imputado en la ramificación del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), ha negado este lunes que se aprovechara de información privilegiada en la adquisición de terrenos en La Condomina, que decidió comprar como "dación en pago de terrenos para disminuir la deuda" que el empresario González Villarejo tenía con Bancaja, según ha explicado su abogado, Carlos Bueren.

Juan Zurita ha sido el cuarto imputado en presentarse este lunes ante el magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, y el único que ha accedido a prestar declaración, dado que los otros tres imputados, Vicente Pérez Cañas, Juan José Climent y José Francisco Javier León Barahona se han acogido a su derecho de no declarar.

El Fiscal considera en su escrito de acusación que el director general adjunto de Bancaja podría ser responsable de un delito de recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, referido a los terrenos de Torres de la Huerta.

El sumario del caso recoge una conversación telefónica entre el empresario Enrique Ortiz, y el propio Zurita, en la que el primero alienta a su interlocutor a la compra, por parte de la entidad bancaria, de ciertos terrenos de La Condomina, propiedad de González Villarejo, que tenía una deuda contraída con Bancaja por dos préstamos solicitados en 2003 y 2004 por 25,2 millones de euros.

En esa conversación, mantenida el 23 de septiembre de 2008, Ortiz matizaba que la zona referida figuraría como recalificada dentro del PGOU, que en días posteriores saldría a exposición pública. La operación de compraventa se produjo en diciembre de 2008 entre CISA Cartera de Inmuebles SL —propiedad del grupo Bancaja— y Promociones González SA, por un importe de 8,8 millones de euros.

Este lunes, Zurita ha declarado durante más de media hora, en la que ha atendido tanto a las preguntas del fiscal, como de su propio abogado y de los letrados de las acusación popular, representadas por José Luis Romero, de EU, y por Fernando Montalvo, del PSOE.

A su salida de los juzgados, Carlos Bueren ha explicado que su defendido ha respondido que la operación de compra "se hizo después de que existiese pública información sobre la situación urbanística de los terrenos, y que entendía, por ese motivo, que no había ningún privilegio ni ninguna información".

"Ha declarado que era una operación absolutamente habitual en todas las entidades financieras, que no tenía otro propósito que aminorar la posición deudora de promociones González, respecto de la deuda que tenía con Bancaja, —de 25,2 millones de euros—, y que no fue una operación de compra, sino una dación en pago de terrenos para disminuir la deuda que tenían con Bancaja", ha precisado el letrado de Zurita.

"papel de intermediario"

El abogado del PSOE, Fernando Montalvo, ha subrayado que en sus respuestas al Fiscal, Juan Zurita ha confirmado que mantenía con Ortiz una relación "comercial", y ha "reconocido que de este tema habla con él, y que Ortiz está interviniendo".

"Se le lee lo que es expresamente la conversación —de 23 de septiembre de 2008—, lo que Ortiz dice, y lo que dice es muy claro: comprar aquí terreno porque esto se va a recalificar, y esa es la conversación que hay, otras cosa es que ahora lo quieran enjuagar y dulcificar, diciendo que lo que hay ahí es una dación en pago", ha considerado el letrado del PSOE.

En su opinión, "hay una escritura de compraventa, que puede que fuera por la deuda que había y para que no se quede Bancaja sin cobrar, pero que hay una intervención de Ortiz en esto como intermediario, como facilitador", ha subrayado el letrado.

Por su parte, José Luis Romero, ha preguntado a Zurita si conocía la calificación que tenían los terrenos afectados y su precio de tasación cuando en los años 2003 y 2004 fueron valorados para aprobar el préstamo concedido para su compra a González Villarejo, así como el precio que se estimó por ellos en la operación de dación en pago de 2008.

El directivo ha afirmado que "no recuerda" esas cantidades, según Romero, si bien, ha precisado que esa información debe constar en la documentación de sendas operaciones, por lo que EU ha requerido conocer este datos.

Escrito exculpatorio

Vicente Pérez Cañas, consejero delegado del Grupo Inmobiliario GV y persona de confianza de Aurelio González Villarejo, se ha acogido este lunes a su derecho de no declarar, y además ha presentado un escrito en el que niega los hechos que se le imputan.

Así, Pérez Cañas rechaza en este documento haber realizado "ninguna operación económica de venta de terneros incluidos en el sector de 'La Condomina' —Torres de la Huerta—, en base o aprobando información privilegiada alguna, relacionada con la nueva redacción del PGOU, ni la investigación desplegada refleja lo contrario.

"El compareciente no ha realizado gestión fraudulenta ni solo ni junto a González Villarejo, respecto a posible pago relacionado con familiares de Díaz Alperi de bienes inmuebles enajenados a los mismos, y con falseamiento contable de ningún tipo", recoge en este mismo escrito.

Los otros dos imputados que tampoco han declarado, Juan José Climent y José Francisco Javier León Barahona, son administradores mancomunados de Dreamview SL, y el fiscal les acusa de cooperar para ocultar la propiedad última de Enrique Ortiz, en determinada empresa interpuesta para hacer negocio con la nueva redacción del PGOU, todo ello relacionado con el proyecto fallido de la Ciudad de la Economía.

Con estas citaciones, Manrique Tejada finaliza la presente ronda de toma de declaraciones a los imputados en la causa que investiga irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante.

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