El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han insistido este lunes en que el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil e, incluso, la empresa de seguridad encargada de vigilar el depósito de drogas asaltado en el puerto de Málaga "dejaron constancia por escrito, dirigido a la Subdelegación de Gobierno, de las deficiencias existentes en el sistema de seguridad".

Después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, destacase este pasado domingo que este depósito de droga cuenta con "un mecanismo de vigilancia muy, muy cualificado", SUP y AUGC han indicado que la Benemérita, "concretamente el alférez de Sección, ya hizo hace unos años un informe donde ponía de manifiesto las deficiencias".

También han señalado en un comunicado que son varios los guardias civiles que "han dejado constancia por escrito y verbalmente de las deficiencias en la seguridad del almacén".

En este sentido, han preguntado si es cierto que la empresa encargada de la seguridad del depósito, en horario de mañana, "solicitó no hace mucho tiempo a la Subdelegación del Gobierno la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad del edificio judicial y siempre recibían como respuesta que no había dinero, hasta que al final la Subdelegación autorizó una partida económica para iniciar las mejoras".

Sin embargo, estas mejoras "estaban previstas que se hubiesen iniciado en enero de este año 2011 y, por diferentes motivos, éstas no se empezaron", han apuntado, al tiempo que se han cuestionado "quién dispuso la conexión del sistema de seguridad del depósito judicial con las dependencias de la Guardia Civil del recinto portuario, contraviniendo lo dispuesto en la legislación de seguridad privada".

Igualmente, se preguntan que "quién ordenó que las llaves de acceso a dicho depósito se recibieran y, por tanto, se aceptara la responsabilidad de su custodia".

Asimismo, han expuesto que, "si como se ha sabido una banda del este ya planeó robar el depósito de drogas de Málaga, acción que se consiguió neutralizar, ¿por qué la vigilancia de un edificio tan sensible siguió recayendo en la empresa privada?". "Nos preguntamos, ¿había algún interés económico?", han expresado.

El SUP y la AUGC, han considerado "una irresponsabilidad que, si como asegura la Junta de personal de AGE en la provincia, el día 10 de junio de 2011 se reunieron con el Subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, para ponerle en antecedentes sobre las deficiencias existentes en la seguridad del depósito almacén de drogas, no haya hecho nada, máxime cuando es el responsable directo de las instalaciones asaltadas".

"Y por el contrario —continúa— se hable de inexactitudes lanzando dudas sobre la forma de actuar del poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando la responsabilidad de gestión, mando y supervisión corresponde a su departamento", ha apostillado.

Del mismo modo, han solicitado que se abra una información que aclare "por qué si la Autoridad Judicial ordenó se destruyera la droga almacenada, no se hizo"; exigiendo, al mismo tiempo, "responsabilidades y los ceses inmediatos del director adjunto operativo de la Guardia Civil, del subdelegado del Gobierno en Málaga y del secretario de estado para la Seguridad".

"Desde SUP y AUGC queremos mostrar nuestro apoyo a todos los guardias civiles destinados en el puerto de Málaga", han manifestado, señalando que "las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, debido a este caos administrativo, se han convertido en depósitos de almacenamiento de sustancias estupefacientes". "Son más de 20.000 kilos de drogas los que se almacenan en las dependencias policiales", han asegurado.