La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige José Chamizo, ha emitido una resolución en la que insta a recuperar el dominio público y el uso de un acerado de la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe ocupado por una obra paralizada desde hace más de dos años.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo se hace eco de la queja de un particular que denuncia la ocupación parcial de la calzada de la calle Cervantes del municipio. Tras recibir el informe del Ayuntamiento, actualmente gobernado por el socialista José Antonio Gelo, la oficina dio éste al interesado, que manifestó su "disconformidad" con la solución que se ha dado por el Consistorio al vallado.

Y es que, según él y de acuerdo con las pruebas gráficas enviadas en su día al Defensor del Pueblo Andaluz, la instalación que se ha ejecutado supone "una ocupación permanente de la acera pública", que el reclamante sitúa en toda una manzana —calles Cervantes, Nuestra Señora de la Asunción, Blas Infante y Rotonda de la Cruz—.

Efectivamente, según el órgano, la paralización de las obras por parte de la empresa ha conllevado, "desde hace años y sin que se vislumbre el límite del tiempo en que se va a continuar en esta situación", que el mencionado espacio público está ocupado por una instalación "que impide el uso público por parte de la ciudadanía".

El ente liderado por Chamizo se remite al articulado de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que establece que "el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos", así como que "el uso común general es aquel que corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización por parte de unos impida la de otros".

"Las entidades locales posibilitarán el uso común general de los bienes de uso público a las personas discapacitadas mediante la supresión de las barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten", recuerda el Defensor del Pueblo Andaluz, que si bien admite que es autorizable una ocupación temporal, lo que daría lugar a un uso especial, "lo que no tiene sentido es que se prolongue durante años una situación que supone la usurpación fáctica del dominio público, impidiendo su uso general por la ciudadanía".

A la vista de todo ello, la oficina recuerda el deber legal de observar los preceptos mencionados en el cuerpo de la resolución y recomienda que se den las instrucciones oportunas, previos los trámites legales que correspondan, con objeto de que sin perjuicio de adoptar las medidas de seguridad que correspondan se recupere el dominio público y se ponga en uso, "en perfectas condiciones", el acerado que desde hace años ocupan estas instalaciones.