Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se ha sumado al Gobierno de María Dolores de Cospedal y a las organizaciones profesionales agrarias a fin de presentar un "frente común" contra la reforma de la Política Agraria Común que plantea Bruselas.

Así lo ha expresado el coordinador regional, Daniel Martínez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el encuentro que ha mantenido con el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, marco en el que ha asegurado que la federación de izquierdas coincide "al 100 por cien" con los planteamientos de las organizaciones agrarias a la hora de rechazar este borrador, que ocasionaría graves perjuicios al campo castellano-manchego y sus profesionales.

Para Martínez es fundamental cambiar el reparto de ayudas y conseguir que el 20 por ciento de los perceptores dejen de recibir el 80 por ciento de las mismas, así como corregir la "desprotección" que en la actualidad sufren estos profesionales.

Para ello, ha defendido, el margen comercial entre el distribuidor y el productor ha de ser "justo", a fin de que limitar el beneficio que obtienen las grandes distribuidoras y aumentar así el de los productores.

El líder regional de Izquierda Unida ha incidido también en la necesidad de que la Unión Europea considere al sector primario "estratégico" dada la salida social y económica que representa en regiones como Castilla-La Mancha.

Problema social

En términos parecidos se ha expresado el secretario regional de UPA, que ha asegurado que la reunión con IU se engloba en la ronda de contactos que su organización ha iniciado con el objetivo de hacer ver que los perjuicios de esta reforma no sólo serían para el campo, sino para el conjunto de la sociedad.

Morcillo ha insistido en que el borrador presentado por el comisario Dacian Ciolos, además de demostrar el "desconocimiento de las autoridades europeas sobre la realidad del campo", supone un ataque directo a un sector fundamental para la economía de muchos países, como por ejemplo España.

Así, ha criticado que no se prime la producción, ni la garantía alimentaria, al tiempo que ha vaticinado que la propuesta de acabar con la referencia histórica a la hora de asignar ayudas va a generar "una guerra de especulación" a la hora de recibir esas percepciones, que son "imprescindibles" para que los profesionales del campo puedan subsistir.

Tampoco se ha mostrado a favor de que la Comisión amplíe de 17 a 28 millones las hectáreas que en la actualidad tienen derecho a ayuda en España, convencido de que esta nueva distribución perjudicaría a la agricultura productiva, sobre todo en sectores como el olivar o el regadío, en favor de una "agricultura de sofá", lo que ha tildado de "auténtica barbaridad".

También ha lamentado que la propuesta de la Unión Europea no establezca ninguna medida de gestión de mercados, ni el principio de reciprocidad para los productos de fuera, y que contemple la reducción en un 11 por ciento del presupuesto que la actual Política Agraria Común.

El responsable regional de UPA tampoco está de acuerdo con la propuesta del comisario de Agricultura de que el 30 por ciento de las ayudas vayan destinadas a la llamada "agricultura en verde", pues, según ha explicado, este tipo de actividad contempla una serie de requisitos muy difíciles de reunir para poder obtener las ayudas.

Tras alertar de que las propuestas aportadas por España no han sido tenidas en cuenta, ha mostrado su preocupación por el hecho de que en la último reunión de consejo de ministros de Agricultura el comisario europeo del ramo asegurase que los miembros habían mostrado aceptación al borrador que hay sobre la mesa, aunque con matices.

Es por ello que el secretario regional de UPA ha apelado a la unión del Gobierno central y de los 17 autonómicos para que, de la mano de las organizaciones agrarias, consigan que esta reforma de la PAC sea menos "lesiva" para una región eminentemente agraria como es Castilla-La Mancha.