La nueva Ley de movilidad de tierras, que aprobó el Parlamento de Galicia el pasado 10 de octubre con los votos a favor del PPdeG, entra en vigor este martes con el objetivo de incorporar al Banco de Terras hasta 320.000 parcelas de propietarios desconocidos, "de pequeño tamaño" y que —según la estimación de la Xunta— representan una superficie total de 5.600 hectáreas.

La posibilidad de integrar estas tierras es una de las principales novedades que introduce el texto legal —que modifica el elaborado por el Gobierno bipartito en 2007— y lo hace mediante la firma de un convenio con la Dirección General del Patrimonio del Estado que el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, espera que se materialice "cuanto antes", ya que "esta cuestión no tiene más que beneficios para todo el mundo".

En rueda de prensa, Juárez ha reconocido que el acuerdo entre ambas partes "va más despacio de lo que gustaría" a la Xunta, al estar pendiente de "algunos aspectos jurídicos", pero se ha mostrado confiado en que salga adelante porque "el Estado ganaría una renta mensual" al poner a disposición del Banco de Terras fincas que "desconocía que eran suyas".

El actual Gobierno pretende, a través de la nueva norma, mejorar el funcionamiento del Banco de Terras como "instrumento útil" para "dinamizar" el agro gallego y luchar contra el abandono del medio rural. CASI 1.000

Fincas para ayuntamientos

Así, el titular del departamento autonómico ha querido "salir al paso de algunas afirmaciones" de los partidos de la oposición, como la que acusa a los populares "de paralizar" el Banco de Terras. "Lo que se extingue es Bantegal como sociedad anónima con una finalidad mercantil, pero el banco de tierras se mantiene reforzado y su gestión se incorpora a Agader", ha aclarado el conselleiro.

Precisamente el cambio de naturaleza del organismo que gestiona el banco es el que permite la cesión de parcelas a otras administraciones.

A este respecto, el director del Banco de Terras, Javier Blanco —presente en la comparecencia junto al director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo—, ha dado cuenta de la existencia de 400 solicitudes de administraciones locales, y Medio Rural ha elevado hasta unas 1.000 las fincas susceptibles para destinar a la colocación de depuradoras, cementerios, campos de deporte y parques, entre otros usos.

Se triplicó la incorporación de fincas de particulares

En lo que lleva de vida, ha explicado Samuel Juárez, el Banco de Terras intermedió en el arrendamiento de 3.473 parcelas. "Mil trescientas noventa y tres fueron del Gobierno anterior y dos mil ochenta de este Gobierno", ha señalado. "Se nos acusa de paralizar el Banco de Terras, pero no tiene ningún sentido", ha apostillado.

El responsable gallego ha subrayado, además, que en la actual legislatura "lo que se incrementó más fue la incorporación de fincas de particulares", que se triplicó, al pasar de 416 parcelas en la etapa bipartita a 1.254.

En total, el Banco de Terras dispone de 8.593 fincas, de las que 3.298 se corresponden con propietarios particulares y 5.925 proceden de masas comunes, tras la realización de concentraciones parcelarias.

"Lo que tiene más valor entre comillas, lo más importante, son las incorporaciones de particulares", ha destacado Juárez, con lo que ha querido evidenciar la "confianza" de agricultores y ganaderos en el actual sistema.

Ello se debe, según el titular de la consellería, a modificaciones en la antigua ley como la derogación del derecho de tanteo y retracto —que "no se utilizó nunca" y generaba "docenas de trámites" burocráticos diarios—.

"cualquier superficie con vocación agraria"

La ampliación de la base de actuación del Banco de Terras es otra de las "mejoras" que introduce la nueva ley. Antes, "se limitaba a tierras agrarias, y había mucha indefinición en esta materia, porque muchos ayuntamientos no tienen planificación", ha apuntado Juárez, para resaltar que "ahora, cualquier superficie con vocación agraria" —ya sea agraria, forestal o "incluso urbana"— podrá cederse al banco de tierras.

"No tiene ningún sentido decir que favorecerá la forestación de tierras agrarias, porque los destinos tendrán que ser los que legalmente puedan tener las tierras", ha afirmado el conselleiro en alusión a protestas como las que protagoniza el Sindicato Labrego Galego (SLG).

A este respecto, ha comentado que existe "demanda" también para utilizar fincas con "usos medioambientales" y de "conservación de la naturaleza"

Todavía sobre las críticas sobre fomento de la forestación, Samuel Juárez ha reconocido que "es verdad que existe" este proceso en terrenos de uso agrario, pero ha considerado que "lo lógico" es que la "labor de cuidar" que esto no ocurra "se priorice". "En toda Galicia al mismo tiempo es inabarcable", ha argumentado, para justificar que la Xunta marque como "prioridades" zonas con especial interés para la producción.

Por ello, la ley que entra en vigor este martes establece la posibilidad de decretar 'zonas de actuación agraria prioritaria' —elimina las de especial interés agrario—, con la finalidad de "actuar con más intensidad" en ellas en la oferta de parcelas para el desarrollo de sus actividades —ganaderas o de viñedo, por ejemplo—, "como un servicio a la carta".