La Audiencia de Valladolid siente este lunes en el banquillo a un hombre con iniciales J.M.A.S. acusado de un presunto delito de continuado de estafa por haber obtenido en 2009 más de 60.000 euros por la venta de ocho trasteros ubicados en un local de la calle Gallo, inmueble que no le pertenecía puesto que el contrato de compraventa suscrito con su legítimo propietario fue anulado ante el impago de la práctica totalidad del precio pactado.

El acusado, según la petición provisional del Ministerio Fiscal, se expone a una posible condena de tres años de prisión por un delito continuado de estafa o, alternativamente, un delito continuado de apropiación indebida, junto con la obligación de indemnizar a sus supuestas víctimas con cantidades que suman 60.400 euros, además de otros 30.639 euros por los trabajos, no abonados, efectuados en el local para su división en trasteros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos tienen su origen en el contrato privado de compraventa que el acusado, J.M.A.S, suscribió el 20 de mayo de 2009 para hacerse con la propiedad de un local comercial ubicado en la planta de sótanos del número 4 de la calle Gallo de Valladolid, con la promesa de desembolsar un total de 108.182 euros, precio que de no ser satisfecho facultaba al vendedor a resolver el contrato y a quedarse con las cantidades cobradas a cuenta, en concepto de cláusula penal.

Ese mismo día, el procesado entregó al propietario, Ignacio de E.G, un primer pago de 4.000 euros y se comprometió a efectuar otros tres más de 25.000 euros los días 20 de julio y 20 de octubre de 2009 y 20 de enero de 2010, así como un último de 25.182 euros el 20 de mayo de 2010.

A pesar de carecer de medios suficientes para afrontar el pago, siempre según la versión del fiscal, el imputado contrató con la empresa JAMM Valladolid S.L. la construcción de unos trasteros en el referido local, obras por las que pagó únicamente 8.770 euros y dejó a deber 30.639 euros, más el IVA.

Fue entonces cuando J.M.A.Y, "sabedor de que no podía pagar el precio total del local en los términos pactados", vendió los trasteros, sin ser propietario de los mismos, a distintas personas de las que obtuvo, en concepto de entregas a cuenta, más de 60.000 euros.

El acusado sólo abonó al propietario del local un total de 15.000 euros, con lo que al no haber hecho frente a la totalidad del precio en los plazos fijados se procedió, con fecha de 24 de febrero de 2010, a la resolución del contrato de compraventa del inmueble, pese a lo cual J.M.A.Y. no devolvió a los compradores de los trasteros las cantidades obtenidas de éstos.