El Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su disposición a trabajar de manera "unitaria" con el Gobierno de María Dolores de Cospedal y con las organizaciones agrarias para aunar posturas de cara al "ataque" que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) supone para Castilla-La Mancha.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a los medios, el portavoz del grupo, José Luis Martínez Guijarro, tras el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo.

Y es que Martínez Guijarro ha alertado de que el borrador presentado en Bruselas por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para reformar la PAC es un "ataque" al sector que puede provocar el desmantelamiento del mismo en Castilla-La Mancha, si no se replantea.

Según el diputado socialista, este documento, que sienta las bases de lo que será la PAC en el periodo 2014-2020, deja fuera cuestiones tan importantes como mecanismos de intervención, algo, ha precisado, que se debe corregir.

De "nefasta" ha calificado la distribución de las ayudas que plantea ahora la Unión Europea, pues ese reparto, según está concebido, provocará un "trasvase de ayudas" en perjuicio de los agricultores profesionales.

Es por ello que ha incidido en la necesidad de que Castilla-La Mancha presente una posición "unitaria" a fin de amortiguar el "ataque", que de aprobarse dicha reforma, sufriría un sector tan estratégico para la región como es el agrícola.

Efectos devastadores

En términos parecidos ha valorado el presidente de la UPA el borrador presentado por la Unión Europea, alertando de que si no se corrige los efectos para el campo español, y por ende para el castellano-manchego, serán "devastadores" y "tremendos".

Ha condenado que el documento presentado por Ciolos no prime la producción, ni la garantía alimentaria, y ha vaticinado que su propuesta de distribución de nuevas ayudas —a calcular en base al año 2014— va a generar "una guerra de especulación" a la hora de recibir esas percepciones.

Tampoco se ha mostrado a favor de que la Comisión amplíe de 17 a 27 millones las hectáreas que en la actualidad tienen derecho a ayuda en España, convencido de que esta nueva distribución perjudicaría a la agricultura productiva, sobre todo en sectores como el olivar o el regadío, en favor de una "agricultura de sofá".

"La propuesta que hace la Comisión con planteamientos liberalizadores, sin tener en cuenta la agricultura productiva y tradicional, puede suponer el fin de esta actividad tal y como la conocemos", ha advertido el responsable de UPA, que ha indicado que con este documento se pierde la posibilidad de reorientar las ayudas a los verdaderos profesionales.

También ha lamentado que la propuesta de la Unión Europea no establezca ninguna medida de gestión de mercados, ni el principio de reciprocidad para los productos de fuera, ni una "verdadera" negociación colectiva a fin de fijar precios favorables para los agricultores.

Es por ello que UPA, ha dicho Morcillo, ha iniciado una serie de reuniones, primero con los grupos políticos y después con otras organizaciones agrarias, patronal y con la Federación de Municipios y Provincias, para presentar una defensa común ante este documento.