La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha adelantado en Comisión Parlamentaria el interés de su Departamento en poner en marcha medidas que permitan a trabajadores autónomos y empresarios dar de alta o mantener a los empleados existentes con bonificaciones a la seguridad social, una iniciativa que persigue ante todo combatir la economía sumergida existente en Canarias.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, la consejera ha indicado que los datos que manejan sindicatos y patronales hablan de un 25-30% de economía sumergida, por lo que el objetivo del Gobierno es "tender puentes para regular el trabajo no declarado y coadyuvar a la recuperación de la economía".

Ramos ha recalcado que la Consejería trabaja en la puesta en marcha de la Estrategia de Formación y Empleo 2012-2014 —cimentada en la Estrategia Española y la de Europa 2020— y que se asienta sobre cuatro pilares: Formación, orientación, inserción laboral y protección a la población trabajadora.

La consejera ha insistido en que dicha actividad contará con la participación de sindicatos, patronales, universidades y cámaras de comercio, entre otros. El objetivo es, sobre todo, adecuar la formación a la demanda existente pero también lograr la inserción laboral de esta mano de obra que se ha formado. Para ello, ha propuesto la creación y apoyo a las agencias de colocación privadas o en manos de organizaciones no gubernamentales.

Su papel será no sólo el de proveer de mano de obras a las empresas, sino también velar por la adecuación de la formación a la demanda existente.

Procesos de evaluación

En cuanto al tema de la pregunta del Grupo Socialista, referida a los procesos de evaluación de las políticas activas de empleo, la consejera ha indicado que la evaluación de estas políticas es "una de las asignaturas pendientes tanto en España como en la Comunidad Autónoma, pues una evaluación correcta permite diagnosticar cuál es el estado de resultados de las medidas que se han puesto en marcha".

En este sentido, Margarita Ramos ha recordado que ya ha anunciado en la Cámara que es voluntad de la Consejería traer al Parlamento la información relativa a la evaluación de las políticas activas de empleo correspondientes a 2009. "Es un principio de transparencia el que obliga a dar a conocer la evaluación de las medidas realizadas en materia de políticas activas de empleo para que los ciudadanos las conozcan", agregó.