El jurado popular ha declarado por unanimidad a Diego Z.L., acusado de matar a su expareja en Horna (Guadalajara) el 9 de diciembre de 2008, culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento. Además, ha establecido un agravante denominado aprovechamiento de las circunstancias del lugar, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Una vez que el jurado ha dado lectura al veredicto de cada una de las partes, ha hecho referencia a la petición de pena que solicita. Así, la acusación particular y la Junta de Comunidades personada también en la causa, han ratificado su petición de 25 años de prisión, como solicitaban inicialmente.

Por su parte, la Fiscalía provincial de Guadalajara ha solicitado 23 años de cárcel, uno más de los solicitados inicialmente, teniendo en cuenta el agravante de aprovechamiento de las circunstancias del lugar.

Tras el veredicto del jurado popular, en los próximos días se hará pública la sentencia dictada por el juez.

Durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Guadalajara el lunes de esta semana, el procesado aseguró que el día de los hechos acudió a recoger a la joven M.M.M.A. para hablar con ella, y añadió que fue ella quien le propuso ir al paraje donde fue hallada muerta. Una vez allí, y tras ver unas fotos, el acusado dice no tener ningún recuerdo. "No recuerdo nada de lo que pasó. Vengo aquí para que me juzguen", ha afirmado.

Según dijo, sólo recuerda despertar en el lugar de los hechos y regresar a su casa para coger la escopeta de su padre para volver al paraje donde yacía M.M.M.A. y suicidarse, algo que finalmente no fue capaz de llevar a cabo, por lo que huyó sin rumbo tan sólo con el dinero que le había dado su "hermano por haber trabajado en el bar".

Por otra parte, varios peritos, que declararon en la tercera sesión del juicio, ratificaron que el ADN encontrado en el lugar de los hechos pertenece al procesado. Durante su declaración, dos peritos del Departamento de Biología de la Guardia Civil aseguraron que muchas de las pruebas analizadas que se encontraron en el lugar de los hechos, entre ellas las manchas de sangre, contienen el ADN de Diego y Mercedes.

Relato de los hechos

Diego, vecino de Sigüenza, y Mercedes, vecina de Valdepeñas (Ciudad Real), que residía en la Ciudad del Doncel por motivos de trabajo, mantenían una relación sentimental que finalizó a primeros de diciembre 2008 porque, según el informe del Fiscal, "ella misma le dijo que su relación debía terminar porque mantenía una relación de noviazgo con otro joven desde hacía cerca de ocho años".

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía aseguran que el día de los hechos Diego recogió a Mercedes a la salida de la Residencia en la que trabajaba y la trasladó al paraje conocido como Ermita de la Virgen de Quintanares, con la intención de que si no accedía a seguir con la relación sentimental, "acabaría con su vida".

Según el fiscal, el procesado —que ahora se encuentra en prisión provisional— mató a la joven por medio de puñetazos, patadas, mordiscos, multitud de golpes en la cabeza y en la cara con una piedra y cortes con un cutter que, entre otras lesiones, produjeron graves heridas en "el paquete vascular, vena yugular izquierda y el tronco común de la arteria carótida izquierda".

Tras el asesinato, el presunto autor de la mortal agresión, añade la Fiscalía, huyó posteriormente del lugar de los hechos y fue detenido el 19 de diciembre en la localidad francesa de Saint-Pierre d'Oléron, en las cercanías de Burdeos, gracias a la movilización internacional del caso.

El cadáver de Mercedes M.M. fue encontrado en el interior de una zanja de dicho paraje con diversas contusiones ocasionadas con una piedra y con sendos cortes a la altura de la yugular que, finalmente, fueron los que le produjeron la muerte por shock hipovolémico (desangramiento).

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, consideran que los hechos juzgados son constitutivos de un delito de asesinato y solicita para el acusado veintidós años de prisión, así como indemnizaciones para los padres de la fallecida de 75.000 euros "por los daños morales" y 4.650 euros "por los gastos ocasionados por el traslado del cadáver y enterramiento".