En situaciones extraordinarias (la crisis económica), soluciones extraordinarias. Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al introducir la dación en pago en las viviendas públicas de venta promovidas por la empresa municipal Promusa. Esto permitirá a los propietarios en riesgo de desahucio vender el inmueble a un nuevo adjudicatario.

Como es preceptivo, la Generalitat ha otorgado al consistorio el derecho de tanteo y retracto para los pisos públicos de venta, con lo que los propietarios que no puedan pagar la hipoteca podrán liquidarla a través de la venta de la vivienda a precio protegido actualizado (aunque no haya pasado el plazo que marca la ley para poder vender).

Aunque la medida no se puede aplicar ni a vivienda privada ni a alquiler público, el ayuntamiento también ha introducido medidas para ayudar a las familias con dificultades en el pago a través de ayudas gestionadas por los servicios sociales municipales.

Durante este año, el Ayuntamiento ha concedido 226 ayudas sociales relacionadas con la vivienda para evitar que 66 familias perdiesen su casa, una cifra superior a las ayudas concedidas en 2010, que se elevan a 191.

La Vivienda de Protección Oficial (VPO), conocida como vivienda protegida, es una casa de precio limitado que ha subvencionado alguna administración pública. Su objetivo es ayudar a las familias con rentas más bajas a adquirir o arrendar una vivienda digna a un precio asequible. Las VPO tienen unos precios máximos de venta determinados por módulos.

En España, cada Comunidad Autónoma ha legislado sobre VPO, por lo que no hay un régimen común. La calificación de VPO suele durar unos años (una media de unos 25 años). Pasado este plazo, la VPO pasa a ser vivienda libre. Por ejemplo, en Andalucía, desde 2006, las VPO pueden venderse con condiciones en el mercado libre a partir de los 10 años.

Algunas comunidades permiten desclasificar una vivienda como VPO antes de la terminación del periodo de validez, pero exigen la devolución de las subvenciones otorgadas. Otras, en cambio, no permiten desclasificarlas.

En general, si el comprador de una VOP quiere revenderla, el precio está fijado por la Administración, quien además posee derecho preferente de compra. Cuando la vivienda deja su condición de protegida y pasa a ser libre existe libertad absoluta de precio.