En declaraciones a Europa Press, Morales ha señalado que la sensación del colectivo es que la Administración andaluza está "tomando el pelo" al sector y que se le está "engañando". Además, ha destacado que esta situación crea "indefensión jurídica en unos 700 municipios", ya que para desarrollar las ordenanzas municipales es "necesario el reglamento".

Según ha vaticinado, acabará la legislatura "y no tendremos reglamento", por lo que ven "una desidia tremenda" por parte de la Junta de Andalucía en temas tan importantes como "el intrusismo en el sector".

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía cerró un acuerdo global el 27 de julio de 2010 para la aprobación del primer reglamento específico del taxi que regulará todos los derechos y deberes de taxistas y usuarios de este servicio público en la comunidad autónoma.

El pacto se alcanzó de forma "unánime" con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), representantes del sector como la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural y la Confederación Andaluza del Taxi-Costa del Sol, así como responsables de las federaciones de consumidores y usuarios Al-Andalus, UCE-A y Facua, y los sindicatos CCOO y UGT.

La negociación con los agentes intervinientes se impulsó en diciembre de 2009 y, según las previsiones de aquel momento, en el mes de septiembre se podría haber comenzado la tramitación para la aprobación del reglamento del taxi en Andalucía. Entre las cuestiones que contendrán los 72 artículos y las cinco disposiciones adicionales transitorias previstas en el texto acordado, el nuevo reglamento prevé la creación del Consejo Andaluz del Taxi, como órgano consultivo y de estudio en materia de servicios de taxi.

La reglamentación vigente hasta la fecha estaba contenida en el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, fechado en 1979, y sobre la que existía una demanda de actualización normativa.

Regulariza el sector

Se trata de la primera vez que se regularizan todos los aspectos que hacen referencia al sector del taxi en Andalucía, desarrollando la ley 2/2003, de Ordenación de los Transportes de Andalucía, de forma que se adapte a los tiempos y se solucione la problemática que actualmente pueda afectan al sector del taxi.

De esta manera, las corporaciones locales deben adaptar sus ordenanzas en materia de transporte urbano de viajeros a lo previsto en el Reglamento en el plazo de 15 meses a contar desde su entrada en vigor.