El presidente de Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha expresado su pesar por el secuestro de cuatro cooperantes españoles, dos en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) y dos en Kenia, y ha emplazado a las ONGs, agencias y organismos internacionales a evaluar "permanentemente las necesidades de seguridad de las zonas en las que los cooperantes desarrollan su labor con el fin de minimizar los riesgos a los que se enfrentan".

Desde la prudencia y la discreción, la Abogacía ha urgido en un comunicado a las autoridades españolas y de los países donde se cometieron los secuestros a dedicar "los esfuerzos necesarios" para localizar y rescatar a los cooperantes.

Se da la circunstancia de que Ainhoa Fernández de Rincón, una de las cooperantes secuestradas en Tinduf, es colegiada no ejerciente en el Colegio de Abogados de Badajoz y desarrollaba sus labores de cooperación en una ONG no vinculada al Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz.