El ministro portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado este viernes que la reversión al Estado de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por territorio andaluz se ha hecho "de acuerdo" con la Junta de Andalucía y se comenzará a aplicar desde "ya".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco ha indicado que esa reversión al Gobierno se ha aprobado en un Real Decreto, por el que se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a Andalucía.

Esta situación se produce después de que las dos administraciones no hayan logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio y con una solución legal a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía sobre esa transferencia de gestión a la región.

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ya anunció este mediodía la imposibilidad de llegar al acuerdo y, sin dudar de la "voluntad política" del Ejecutivo central de alcanzar un acuerdo satisfactorio, avanzó que el andaluz seguirá reclamando estas competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

El decreto aprobado por el Gobierno contempla la integración se integran en la Administración del Estado del personal funcionario y laboral, así como los puestos de trabajo vacantes traspasados en 2008, que quedarán adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

También se integran los bienes inmuebles e instalaciones, la maquinaria y vehículos y otro material, así como las centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión.

La Comunidad Autónoma de Andalucía continuará siendo responsable de los derechos y de las obligaciones, al igual que del pago de las deudas generadas por tales contratos, con anterioridad a dicha fecha de entrada en vigor. Además, corresponderá a Andalucía la recaudación de los derechos liquidados a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, derivados de la gestión de los servicios prestados por la comunidad, así como el pago de las obligaciones derivadas de dicha gestión.