La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en Castilla y León, Carmen Amez, aseguró que su organización está dispuesta a negociar una rebaja de los liberados sindicales en la Administración autonómica, pero aclaró que el 50 por ciento no lo asumirá porque supondría no poder mantener la defensa de los derechos de los empleados públicos.

Amez, en declaraciones a Europa Press, mostró la postura negociadora y "colaboradora" del sindicato, que está dispuesto a ceder, pero considera que hay que ver también "lo que puede ceder la Administración" porque cree que el trabajo que desarrolla en su puesto un liberado sindical es "tan importante como el de un consejero, senador o diputado".

La responsable de UGT afirmó que cumple "a rajatabla" el pacto establecido en 2006 con la Junta en el que se regulan las horas y los liberados sindicales que, recordó, tienen como sustituto en su puesto de trabajo a una persona contratada, por lo que genera un puesto de trabajo.

Sin embargo, aclaró que UGT es sensible ante la situación económica del país y de la Comunidad, aunque recordó que cuando surgió la cuestión de los delegados sindicales la propia Junta ha dicho que en Castilla y León "el problema es distinto", porque están "sujetos a norma", la cual están cumpliendo.

A este respecto, incidió en que incluso "en muchas ocasiones", cuando se tiene que liberar por horas a un representante para que vaya a negociar un convenio o a una mesa de negociación, no ha podido ir porque no le sustituyen por un trabajador que esté en el paro. "La responsabilidad de la organización, cuando menos, es que los servicios públicos que dan como trabajadores estén cubiertos", dijo.

A pesar de ello, explicó que cuando la Administración institucionalmente dice que la situación económica es "dudosa", que hay "incertidumbre" y que hay elecciones el 20 de noviembre, y que a lo mejor hay que hacer una reestructuración, "la organización sindical es sensible y hará lo que haga falta, se sentarán a negociar pare ver con qué pueden ayudar".

Amez insistió en que se sentarán "a hablar y negociar" pero "sabiendo que cada liberado que se pierda se pierde un puesto de trabajo porque su puesto está ocupado por una persona de la oficina de empleo". CORRESPONSABILIDAD

La secretaria de la FSP-UGT de Castilla y León añadió que se negociará pero dentro de unos criterios "objetivos" y abogó por la corresponsabilidad, porque advirtió de que las organizaciones sindicales no pueden "mirar para atrás" ante posibles modificaciones en las condiciones de los trabajadores públicos.

Así, afirmó que no hay problema para y que se sentarán sabiendo que es algo que hacen "de motu propio por el bien del empleado público", pero pidió que ayuden "todos" y si se pide que recorten las organizaciones sindicales, también lo hagan los organismos políticos, los consejeros y directores. "No vale decir que se han quitado tres consejerías", dijo Amez, si se han creado tres viceconsejeros.

Por eso, afirmó que verán lo que se ofrece, pero adelantó que el 50 por ciento de reducción no lo va a asumir, "primero porque está ajustada en cifra", pero también porque "no se puede mantener la defensa de los derechos del empleado público".