Un grupo de trabajadores de la Defensoría del Pueblo de Castilla-La Mancha han solicitado a la Defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Supresión de este organismo en la región, "al entender que vulnera los derechos constitucionales de la ciudadanía, la normativa europea y la Ley de creación del Defensor del Pueblo".

Asimismo, critican que no han recibido respuesta de la Junta, "tal como prescribe la Ley", a las alegaciones que plantearon en septiembre contra el Anteproyecto de Ley de Supresión de ésta Institución que promueve el Gobierno de María Dolores de Cospedal, según informan en nota de prensa.

"Con absoluto desprecio del derecho de participación ciudadana, el Proyecto de Ley sigue su trámite y ha sido presentado ya ante las Cortes Regionales obviando la opinión de la gente de Castilla-La Mancha", añaden.

"El silencio del Gobierno", agregan, ha motivado que el pasado día 18 remitiésemos sendas cartas a los grupos parlamentarios en las Cortes (PP y PSOE), en las que les recordábamos que la pérdida de este servicio público de defensa de la ciudadanía, "en especial de las personas más vulnerables", tampoco va a suponer "un ahorro económico real para las arcas públicas".

Por último, manifiestan su "más enérgica repulsa" a las declaraciones de la portavoz 'popular' en las Cortes, Carmen Riolobos, en las que, "excediendo los límites permisibles al debate o la contienda política", cuestiona "la profesionalidad y el salario percibido por el personal de esta Oficina", cuando en estos 10 años de funcionamiento la valoración de su trabajo "siempre fue positiva".