Dos empresarios niegan ante la jueza haber fraccionado contratos del Inestur y haber pagado comisiones a cambio

Roger Gotarredona y Jordi Adrover defienden que han trabajado con instituciones gobernadas no sólo por UM sino también por PP y PSOE

Dos empresarios imputados en el caso Voltor, uno de ellos ex miembro del Consejo Político de la extinta Unió Mallorquina, han negado ante la jueza instructora de esta causa haber llevado a cabo un fraccionamiento de contratos para que éstos les fueran adjudicados de forma directa y sin concurso desde el Instituto de Estrategia Turística de Baleares (Inestur), al tiempo que han asegurado que en ninguna ocasión han pagado comisión alguna para beneficiarse de contrataciones de la Administración.

"Hemos trabajado con instituciones gobernadas por PSOE, PP y UM pero nunca nos han solicitado ni insinuado el pago de ninguna cantidad", ha asegurado en este sentido Roger Gotarredona, quien durante su comparecencia como encausado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, ha modificado la declaración que ya prestó en dependencias policiales, donde se encontraba "muy confuso y presionado" y llegó incluso a romper dos veces el folio de su declaración porque "no se ajustaba a la realidad".

El empresario, socio y administrador solidario junto a Jordi Adrover -quien también ha declarado este jueves- de las empresas Humana CIS, Sedoxx Consultores, Enquadre e Innova Acción, ha explicado que entre 2007 y 2009 contrataron en varias ocasiones con el Inestur, si bien ha negado que comenzasen a tener contacto con la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo por su amistad con otro de los imputados de esta causa y ex concejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa.

Sobre el presunto fraccionamiento de contratos, Gotarredona ha manifestado que "en ningún momento" se llevó a cabo esta práctica irregular como tampoco facilitó al Inestur el nombre de otras empresas suyas para que éstas aportasen presupuestos y presentasen sus proyectos. De hecho, ha recordado que en el caso de una de las adjudicaciones investigadas en el caso, la relacionada con la implantación de un sello de calidad IQT en hoteles y otros establecimientos turísticos, ha señalado que ganaron este concurso "con concurrencia pública".

"Como con cualquier administración, explicaba lo que mis empresas podían hacer e intentaba que mis propuestas gustaran", ha apuntado el empresario, asistido por el abogado Ricard Mesquida, afirmando de hecho que el sello turístico se implantó en más de 200 hoteles, a fin de justificar su utilidad. Finalmente, Gotarredona ha asegurado que durante el tiempo que fue miembro del consejo político de UM, ni él ni sus empresas contrataron con organismo público alguno dependiente de la formación nacionalista.

Concurso "abierto a todo el mundo"

Por su parte, Adrover, en referencia a otro de los proyectos que presentaron sus empresas, denominado Diagnóstico de Necesidades Formativas, ha explicado que se lo comentaron a Rebassa, a quien le pareció "una buena idea", por lo que fue convocado un negociado al que concurrió Enquadre -ganadora del concurso- junto a otras mercantiles. "Era un concurso abierto a todo el mundo y había varias empresas que se presentaron al mismo. Lo ganamos y no se impugnó en ningún momento", ha defendido.

De la misma forma, ha apuntado, sucedió con otro contrato referente a la Redacción del Plan de Formación de Guías Turísticas, al que ha recordado que se presentó Humana "porque fue a ella a la que le llegó la invitación", toda vez que ha subrayado que se presentaron otras empresas que "no conocía". "Fue un negociado limpio", ha incidido al respecto, negando que a la misma convocatoria concurriese Enquadre.

"En ningún momento nos presentamos a contrataciones fraccionadas y en cada una de ellas se presentó una sola empresa de las nuestras", ha abundado el encausado, recalcando que los dos anteriores proyectos eran distintos y que no se fraccionaron en dos contratos menores. Tras asegurar que nunca ha pagado comisión alguna, el empresario ha manifestado que sus empresas estaban "completamente capacitadas para llevar a efecto los contratos adjudicados" y poseen "una solvencia técnica completamente adecuada".

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