El titular del Juzgado número 2 de Mercantil de Bilbao, Aner Uriarte, ha acordado, tras la audiencia previa celebrada por la demanda de impugnación de ACS contra varios acuerdos de la última Junta de accionistas de Iberdrola, que no habrá juicio, al no haber admitido la prueba pericial presentada por la eléctrica, y establecer que el único objetivo del proceso es determinar si esos acuerdos vulneran o no la ley. El magistrado dictará sentencia una vez que reciba las conclusiones de las dos empresas.

Esta decisión ha sido adoptada en la audiencia previa celebrada este miércoles por la mañana, en la que ACS ha defendido que la discusión era estrictamente "jurídica" porque entienden que los citados acuerdos impugnados van en contra de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por su parte, Iberdrola ha rechazado el argumento de que únicamente sea una cuestión jurídica y ha planteado que el magistrado se pronunciara sobre una serie de hechos, como que ACS enmarque la aprobación de esos acuerdos dentro de una "actitud de hostigamiento" contra el grupo liderado por Florentino Pérez, que denuncie "abuso de derecho", así como otro planteado por Iberdrola, que defiende que las modificaciones pretenden la mejora del sistema del gobierno corporativo.

El juez ha considerado que no se debía pronunciar sobre esos hechos, sino sólo sobre si los acuerdos impugnados se ajustan o no a la ley. Por lo tanto, no ha admitido la prueba de Iberdrola, en la proponía la declaración de dos peritos.

El magistrado ha señalado que, al no haber prueba admitida, no hay juicio y, por lo tanto, ha dado un plazo de diez días procesales a ACS para que presente sus conclusiones. Una vez presentadas, se abrirá un periodo de otros 10 días para que Iberdrola haga llegar las suyas. Tras su recepción, el juez dictará sentencia.