La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid Olga Ogando ha defendido este martes que habrá que hacer "grandes recortes selectivos" para poder cumplir los objetivos de déficit público fijados para 2011 y ha advertido de que algunas regiones, como Baleares, Extremadura o Castilla-La Mancha, van a tener "sumamente difícil" alcanzar la meta fijada si no realizan esos recortes.

Ogando ha considerado asimismo que el modelo autonómico actual no es sostenible económicamente ni a corto ni a medio plazo si no se acometen reformas estructurales importantes, entre las que ha citado un recorte del aparato administrativo que "añade una complejidad innecesaria y alimenta el gasto".

A su juicio, los recursos que necesita el país tienen que proceder de la simplificación de ese "ingente aparato administrativo" que duplica funciones y gastos y al que se ha referido como "innecesario" para poder seguir manteniendo los servicios públicos fundamentales, entre los que ha citado la educación y la sanidad.

Según ha explicado, uno de los mayores retos de España es asegurar la sostenibilidad del Estado del Bienestar en un contexto de crisis fiscal y en un escenario demográfico "muy desfavorable" desde el convencimiento de que el proceso de envejecimiento español implica que la carga de financiar los servicios públicos recaerá cada vez más en una fracción más pequeña de la población.

Así, ha explicado que en 2008 cada personas en edad de trabajar tenía a su cargo a 0,25 potenciales pensionistas, cifra que aumentará algo más del doble en el horizonte de 2060.

Otra de las apuestas realizadas por la catedrática de Economía Aplicada de la UVA, que ha participado en un desayuno de trabajo junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para disertar sobre la sostenibilidad del modelo autonómico, es romper definitivamente con la igualdad gasto público-producto real para introducir el concepto de calidad de las finanzas públicas en el ámbito autonómico.

En este punto, ha recomendado llevar a cabo un estudio de dimensionamiento y de costes de los servicios públicos para evaluar la posibilidad de alcanzar economías de escala mediante la integración de la oferta de servicios de distintas unidades. También ha abogado por reforzar las instituciones dedicadas al control del gasto público, no sólo de legalidad sino de eficiencia y eficacia.

Ogando ha fijado como otro de los retos del país asegurar la solvencia fiscal de las administraciones públicas y desarrollar un marco tributario que favorezca el crecimiento económico a largo plazo donde ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar el actual copago de la prestación farmacéutica y evaluar en qué medida copagos de baja intensidad con límites individuales de máximos y mínimos y fijados a partir de un importe fijo por servicio pudieran incidir en el exceso de consumo cuando este tiene su origen en las demandas de los pacientes.

"¿Desde el punto de vista de la equidad es lógico que un parado con cargas familiares tenga que cofinanciar la prestación y un jubilado con renta media alta esté exento?", se ha preguntado la catedrática, que ha defendido que la creación de un "copago moderado" sería crear conciencia de coste y ayudar a reducir el exceso de consumo.

Finalmente, se ha referido al debate sobre la centralización de competencias o el reforzamiento de la descentralización para recordar que desde el año 2002 varios países europeos con la sanidad gestionada por gobiernos regionales y locales, como Noruega, Dinamarca o Suecia, han iniciado procesos de centralización de competencias.

Ogando ha hecho una última reflexión en el sentido de que mantener el Estado del Bienestar va a exigir "muchos cambios y sacrificios" pero no porque lo viejo no es sostenible, según ha explicado, sino porque hay que tener la certeza de que hay una solución nueva mejor desde un diagnóstico solvente de los problemas, una doctrina persuasiva de las ventajas del cambio y una estrategia adecuada para acometer reformas.