Los trabajadores del ámbito social han criticado que 82.000 personas con necesidades sociales han dejado de recibir atención en Mallorca a través de las distintas entidades, después de que las instituciones públicas hayan recortado este año en 45 millones de euros la financiación destinada a los distintos programas en este ámbito, lo que ha afectado también a 2.000 profesionales que se han quedado en el paro o que se encuentran en procesos de Expedientes de Regulación de Empleo.

Así lo han explicado en una concentración frente a las obras del Palacio de Congresos de Palma los portavoces de un grupo de profesionales del ámbito social, Jordi Fuster y Antonia Toledo, quienes han anunciado que el próximo viernes, han convocado una manifestación a partir de las 18.00 horas en la Porta d'es Camp de Palma, que finalizará en el Consolat de Mar, con el fin de protestar por los citados recortes.

Fuster ha recalcado que entre las 82.000 personas que han dejado de recibir atención social en la isla, se encuentran ciudadanos con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental; personas que se están rehabilitando de las drogas; jóvenes que están recibiendo formación; parados de larga duración y familias en exclusión social.

"Son historias de personas reales, que no tendrán alternativa por parte de la administración pública, como tampoco tendrán alternativa los 2.000 profesionales que se van al paro", ha reprobado Fuster, quien ha apuntado que los recortes no sólo afectan a las entidades sin ánimo de lucro que recibían subvenciones, sino también a los orientadores laborales de entidades públicas, como el INFOF.

Como ejemplo de ello, Toledo ha detallado que sólo en el INFOF, se ha recortado la plantilla en 29 orientadores laborales y personal administrativo, lo que afecta a 4.000 usuarios al año, al tiempo que ha apuntado que también se han quedado sin empleo 13 educadores familiares, que atendían a 80 familias al año.

Además, ha añadido que también se ha recortado la plantilla de los dinamizadores juveniles en 15 personas, dejando de atender así a 2.000 niños, mientras que ha desaparecido el Programa Exit y los profesionales que atienden a los discapacitados llevan "cuatro meses sin cobrar". En esta línea, Toledo ha censurado que se está "incumpliendo" la Ley de Servicios Sociales.

Durante la rueda de prensa, una veintena de trabajadores del ámbito social se ha concentrado frente a las obras del Palacio de Congresos de Palma, ante un cartel en el que se podía leer 'Por dignidad. No a la destrucción del estado de bienestar'. Además, se han coreado gritos, como 'No son recortes, son puñaladas'.