La tasa de litigiosidad alcanzó en el segundo trimestre en España los 49,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Aragón se quedó un poco por debajo de la media, con 41,5. Las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Canarias y Valencia se sitúan en los niveles más altos de esta tasa.

En concreto, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Europa Press, la tasa de litigiosidad en Andalucía llegó hasta 57,9 asuntos por cada mil habitantes, seguida de Madrid (56,5 asuntos por cada mil habitantes), Canarias (53,8) y la Comunidad Valenciana (52,2). Las autonomías con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (33,5), País Vasco (35,3) y Navarra (36,6).

Entre ambos extremos se situaron Murcia (50,8), Baleares (50,5), Cantabria (49,7), Cataluña (47,9), Galicia (47,5), Asturias (42,9), Aragón (41,5), Castilla y León (41,2), Castilla-La Mancha (37,8) y Extremadura (36,8).

En datos nacionales, la jurisdicción Contencioso-Administrativa ha sido el único orden que ha visto incrementado su nivel de litigiosidad durante el segundo trimestre del año, sobre todo por los recursos interpuestos por los funcionarios a su rebaja de sueldo.

En términos globales, el número de asuntos ingresados en los juzgados españoles alcanzó un total de 2.344.555 asuntos durante este periodo, lo que representa un descenso del 2,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2010.

Durante este periodo, los tribunales españoles resolvieron 2.393.919 asuntos y están en trámite un total de 3.087.445 asuntos. En concreto, la jurisdicción civil ingresó 502.795 causas, lo que supone una bajada del 6,1 por ciento, principalmente por la disminución del número de monitorios (un 11,2 por ciento menos).

En la jurisdicción Penal entraron un total de 1.645.364 nuevos asuntos, con un descenso del 2,2 por ciento, mientras que en la jurisdicción Social se registraron 115.517 nuevos asuntos, por lo que decrecieron en un 2,4 por ciento.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 80.755 nuevos asuntos, registrando un aumento del 10,8 por ciento. Han sido los recursos derivados de la reducción del salario a los trabajadores públicos los que ha motivado el incremento registrado en la Salas de lo Contencioso y posteriormente en los juzgados centrales, que han tenido un incremento del 127,6 por ciento, según el órgano de gobierno de los jueces.