La tasa de litigiosidad, es decir, el número de asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes, se sitúa en Málaga un 40 por ciento por encima de la media nacional, según ha informado el decano del Colegio de Abogado de Málaga, Manuel Camas, que ha presentado este viernes un informe realizado por la institución sobre la situación de la justicia.

Así, en el documento presentado, se precisa que mientras la media de España es de 198,80 asuntos por cada 1.000 habitantes y la de Andalucía de 230,90, en la provincia la cifra asciende hasta los 286,32 asuntos por cada 1.000 habitantes. Esta posición es común en civil, penal y social, pero no en contencioso-administrativo.

Una de las conclusiones del informe es que el volumen de trabajo es "muy alto" y el número de jueces en relación con la población "bajo". Camas ha explicado que esta litigiosidad se debe a "un nivel de conflicto importante", aunque también incide una población real "superior" a la censada y el número de extranjeros.

El informe recoge otros datos como las principales quejas de los ciudadanos. A nivel nacional, un 75 por ciento de estas quejas se refieren al funcionamiento de juzgados y tribunales, sobre todo reclamando una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, aunque también se producen porque es una justicia "poco atenta".

El decano de los abogados de Málaga ha indicado que los usuarios se quejan "de los tiempos de espera" tanto para que se resuelvan sus procedimientos como cuando visitan las oficinas judiciales. En este sentido, han indicado que una de las conclusiones es la referencia a "un mejor trato".

Además, Camas ha destacado que los ciudadanos "saben que la tecnología tiene que tomar la administración de justicia". Así, en otra de las conclusiones se señala que hay un "sentimiento generalizado" entre ciudadanos y profesionales sobre la "necesidad de modernizar la justicia", de forma que sea "más ágil" y cuente con sistema "tecnológicamente avanzados" de gestión.

Asimismo, tanto Camas como el diputado responsable del área de relaciones con la administración de justicia, Salvador Ruiz Menacho, han lamentado las detenciones "espectaculares", algo que "nos preocupa", han asegurado, al tiempo que han indicado que estas situaciones ponen en evidencia la "falta de control judicial". FISCALÍA

Al respecto, han hablado también de "falta de intervención" de la Fiscalía en estos casos, a pesar de tener una instrucción concreta para estos supuestos, según ha recordado el decano, quien ha indicado que "echamos de menos una actitud beligerante de la Fiscalía" en cuanto a este tipo de actuaciones.

Respecto al acuerdo con la Fiscalía para llegar a conformidades, desde que se suscribió el protocolo sólo se han producido 17 acuerdos previos al juicio. Los abogados han apostado por acabar por las conversaciones en la sala y establecer reuniones sistemáticas entre las partes previas a la vista oral.

Camas ha indicado que son ya más de 5.000 colegiados y ha explicado que aunque de 2008 a 2009, cuando "se inició la crisis", el número de expedientes de orientación jurídica creció en un 10 por ciento, en 2010 "se ha estabilizado", pero la cifra sigue siendo "elevada", con 36.193 solicitudes de abogado de oficio.

En cuanto a la asistencia a detenidos, se han prestado 42.831, cifra "realmente importante", aunque supone un descenso del cinco por ciento respecto a 2009. En este punto, mantienen la reivindicación de una asistencia "efectiva y real", con la posibilidad de dar consejo previo a su primera declaración.

Han vuelto a incidir en la necesidad de "muchos jueces y funcionarios" y una oficina judicial "común que trabaje aprovechando todas las sinergias" y los recursos, para que "la administración funcione con criterios modernos y no pensando en juzgados aislados". "Eso hoy carece de sentido", ha apuntado.