La asociación Preeminencia del Derecho ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando que se investigue al ministro de Fomento y portavoz, José Blanco, por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de las declaraciones realizadas en sede judicial por el empresario lucense Jorge Dorribo, imputado en la 'Operación Campeón'.

La denuncia fue introducida este jueves en el Registro del alto tribunal y, en ella, el presidente de la asociación, el abogado José Luis Mazón, hace referencia a las informaciones publicadas por el diario 'El Mundo' sobre un encuentro de Blanco con el empresario en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), donde supuestamente se habría hablado de una intercesión de éste ante el Ministerio de Sanidad.

El escrito defiende que el tribunal competente para investigar estos hechos es la Sala de lo Penal del Supremo, dada la condición de aforado del ministro.

A juicio de esta asociación, la mera reunión en el área de servicio, que ha sido reconocida por el propio Blanco, reúne visos de delito de tráfico de influencias (previsto en el articulo 428 del Código Penal) con independencia de que estos hechos "hayan sido seguidos o no de gestiones efectivas" por parte del miembro del Ejecutivo.

Abrir una investigación

"El ministro reconoce la existencia de la reunión en el coche, pero niega que hiciera gestiones ante la ministra de Sanidad, lo que no impide que sea obligado abrir una investigación y llamar al ministro Blanco a que explique a presencia judicial los hechos que reúnen visos del delito antes expresado", señala la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Añade que el hecho de que la Operación Campeón esté siendo investigada por la juez de Instrucción número 2 de Lugo, Estela San José, "no empece" a que la Sala de lo Penal "reclame su competencia para examinar la conducta del ministro a raíz de los indicios que ya existen y se han publicado".

Bienes de blanco

La denuncia cuenta con un escrito de ampliación en el que la Asociación Preeminencia del Derecho señala que los bienes del ministro "no se compadecen con los ingresos de un secretario de organización/diputado por más economías que pueda haber hecho", en relación con dos propiedades inmobiliarias del vicesecretario general del PSOE en Madrid y en una playa gallega.

"La unidad de Blanqueo de Capitales debería estudiar los ingresos y bienes del denunciado, como lo suelen hacer cuando no se trata de ministros, sino de ciudadanos sin ascendencia política en casos semejantes", añade el escrito, que insiste en que "si bien es cierto que Dorribo ha podido pactar con su actual abogado delatar al ministro para favorecer intereses propios, existen datos objetivos para justificar una investigación seria".

Finalmente, el documento apunta a que el empresario farmacéutico investigado tenía pendiente autorizaciones del Ministerio de Sanidad, pero sin apuntar más datos sobre este asunto.