En virtud de la iniciativa socialista, que ha sido rechazada parcialmente por el PP-A, el Parlamento ha expresado su apoyo al Gobierno por las medidas adoptadas en el ámbito de la organización de la administración autonómica, que, en un contexto de racionalización del gasto público, han "garantizado el mantenimiento del empleo público y el reforzamiento de la gestión pública en la prestación de servicios a la ciudadanía, todo ello garantizando los derechos del conjunto de empleados públicos, así como preservando el ejercicio de las potestades administrativas por personal funcionario".

Según el grupo socialista, los empleados públicos constituyen el soporte básico para la prestación de los servicios públicos propios del estado del bienestar y son el factor básico e indispensable para que existan tales servicios.

El parlamentario del PSOE-A José Caballos ha manifestado que los socialistas, con esta iniciativa, quieren reiterar que el estado bienestar es irrenunciable para una alta calidad democrática, para la democracia y para el Partido Socialista, aunque estemos en crisis, y ha indicado que, con la excusa de la crisis o de la herencia recibida y en base a un concepto de la austeridad "muy mal entendiendo", no se puede justificar el deterioro de los servicios públicos esenciales ni de las condiciones laborales de los empleados públicos, para ir abriendo las puertas al sector privado.

Ha agregado que en Andalucía, tres años de crisis después, en este ejercicio y en el que viene habrá más profesores y sanitarios, más trabajadores en los servicios sociales y más andaluces cobrando una prestación de la Ley de Dependencia. "Los hechos demuestran que estamos garantizando el empleo de los empleados públicos y los servicios fundamentales que constituyen los pilares del estado del bienestar", ha apuntando Caballos.

Ha recalcado que hay numerosos ejemplos en estos momentos de que el PP no está en la defensa de los empleados públicos. Así, ha indicado que desde determinados gobiernos autonómicos se están acometiendo medidas de reducción drástica del empleo público, que afectan a la calidad en la prestación de los servicios, que redunda negativamente en los ciudadanos y que suponen un ataque al principio de equidad y de igualdad de oportunidades.

Por su parte, la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha indicado que el Gobierno andaluz no cubre vacantes en hospitales públicos, mientras que el aumento de profesores no es el previsto y las ofertas de empleo público se van retrasando. Ha indicado que el PSOE es el que está "comprometiendo" los servicios públicos, ya que hay más centros de mayores o guarderías privadas que públicas.

"El PSOE es el que está en contra de los servicios públicos y de la prestación de estos servicios por parte de empleados públicos", según ha indicado Ruiz Sillero, quien ha apuntando que la Junta ha quitado "potestades" a los funcionarios públicos.

El parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha manifestado que es evidente que el sector público está sufriendo un deterioro a marchas forzadas, sobre todo, como consecuencia de medidas de la derecha. Ha indicado, no obstante, que el Gobierno socialista en Andalucía lleva toda la legislatura aplicando "recortes". Ha estimado que el empleo público debería financiarse con un aumento de la carga impositiva y con la progresividad.