El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha reiterado este martes que la Hacienda alavesa "no tiene capacidad" para hacer frente al pago que le corresponde según la Ley de Aportaciones por la devolución de las 'vacaciones fiscales', y ha avanzado que está trabajando para conseguir un acuerdo con el Gobierno vasco que les permita efectuar los pagos en "plazos y forma que sean viables para la Diputación y su Tesorería".

En rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Diputados, De Andrés ha hecho referencia al anuncio realizado este lunes por el diputado de Hacienda, José Zurita, donde reconocía un déficit de 96 millones de euros de la Hacienda alavesa, cantidad que corresponde a los 56 millones que Álava debería devolver en el caso de las vacaciones fiscales, los 20 millones del caso Rover y los 20 millones registrados por la bajada de la recaudación.

Según ha explicado De Andrés, la situación de Tesorería de la Diputación foral de Álava ya está marcada por el informe del Tribunal vasco de Cuentas (TVC), quien determinó que los fondos del FEPEL, Fondo de Estabilización para las Entidades Locales de Álava que se encarga del 95 por ciento de la financiación, no se debe considerar como remanente de Tesorería como hacía el anterior gobierno del PNV, y en consecuencia, "la Diputación no tiene ese dinero disponible".

"El Gobierno anterior consideró siempre como disponible los fondos del FEPEL que alcanzan los 60 millones de euros, pero no está disponible, sino que lo tienen los ayuntamientos y no es exigible por parte de la Diputación", ha subrayado.

De Andrés ha explicado que si la Diputación debe efectuar un pago al Gobierno vasco, no puede contar con este remanente. "Creíamos que contábamos con un remanente de Tesorería para hacer frente a la situación que se produjera después de la sentencia de Bruselas", ha insistido.

Dinero gastado

Al respecto, ha recordado que hasta el mes de julio, no se conocía la sentencia de la Comisión Europea y la posición de la Diputación era "la defensa de que las cantidades se debían devolver a las empresas, cuando se había incorporado dentro del presupuesto y gastado", ha denunciado. Por ello, ha resaltado que si la sentencia hubiera sido favorable para Álava, "no habríamos podido devolver ese dinero a las empresas porque no hay capacidad para hacer frente al pago", ha indicado.

Sin embargo, ha rechazado que sea el momento de "buscar culpables" porque el TVC "ya se ha pronunciado", y ha apostado por "trabajar para buscar soluciones y que en el futuro, de forma inminente, podamos afrontar la situación tan complicada que tenemos". "Me gustaría contar con el apoyo de todos los partidos políticos y que pensemos más en el futuro y menos en el pasado sobre cómo se ha generado ésto", ha insistido.

El diputado general ha advertido de que la Hacienda alavesa "no tiene capacidad" para hacer frente al pago que le corresponde según la Ley de Aportaciones, y ha avanzado que están trabajando para conseguir un acuerdo con el Gobierno vasco, ya que "no disponemos de remanente para hacer frente al pago, ni capacidad para endeudarnos porque estaríamos por encima de los límites legales".

Pago en plazos

Asimismo, ha resaltado que esta situación no sólo afecta a la Diputación, sino también al conjunto de instituciones alavesas, y ha expresado su esperanza de que el Gobierno vasco sea "sensible" y permita efectuar los pagos en plazos y forma que sea viable para la Diputación y su Tesorería.

En concreto, ha explicado que Álava acudirá al Ejecutivo con la situación de que "no tiene capacidad para afrontar el pago" y planteará poder hacerlo "a lo largo de próximos ejercicios".

De Andrés ha apostado por "dejar de actuar en las previsiones económicas con un optimismo que luego no se justifica y que conduce a este tipo de situaciones". Además, ha defendido que para resolver el "problema" del FEPEL, es necesario hacer los cálculos más ajustados a la realidad, porque los 60 millones de deuda que tienen los ayuntamientos con la Diputación son el resultado de errores en la previsión presupuestaria. "Debemos ser rigurosos y acertar en la previsión, lo que nos evitaría más problemas", ha reiterado.

El fepel

Al respecto, ha avanzado que si el próximo año la institución foral se encontrara en una situación "semejante" en la que se ingrese menos dinero del previsto, "seguramente haya que resolver el problema del FEPEL", ya que "podría provocar que la Diputación no pudiera hacer frente a algunas de las competencias urgentes y necesarias que tiene que desarrollar y a las que no puede renunciar".

De Andrés ha resaltado que si tras el Consejo vasco de Finanzas (CVF) se consigue llegar a un acuerdo "realista" para las previsiones del próximo año y que "se pueda cumplir en ingresos", el FEPEL "no sería un problema". Sin embargo, ha advertido de que si detectan que los datos "son peores" y la recaudación está por debajo de la estimada, podría tomar la alternativa de eliminar esta fórmula que no existe en los otros dos territorios vascos.

"El FEPEL tiene el problema de que deposita en la Diputación la carga de la bajada de recaudación y en consecuencia, se pierde el riesgo compartido entre administraciones a la hora de financiarse, clave fundamental del sistema financiero vasco", ha indicado.

Vacaciones fiscales

Respecto al anuncio realizado por el lehendakari, Patxi López, sobre una futura reunión entre la Comisión Europea, Diputaciones y Gobierno para buscar "fórmulas" que ayuden a las empresas afectadas por devolución de las ayudas por las denominadas vacaciones fiscales, De Andrés ha considerado que se trata de una "buena noticia" y se ha mostrado "encantado" de poder exponer la visión de Álava sobre este tema y buscar las soluciones que "hagan viable" la continuidad de las empresas.

"La mayor parte de las empresas que están en esta situación son empresas que trabajan y funcionan bien, generando empleo y actividad económica", ha resaltado.

Por último, ha hecho referencia a la propuesta del diputado general de Bizkaia, Jose Luis Bilbao, de hacer un recargo específico del IRPF para garantizar las coberturas sociales vinculadas al envejecimiento y la dependencia.

De Andrés ha recordado que los impuestos "nunca son finalistas" y ha subrayado que "muchas veces se utiliza un bien superior para poder justificar la subida de impuestos como la generación de empleo o la atención a personas discapacitadas".

Por último, ha explicado que la Diputación de Álava no plantea en el debate de fiscalidad subidas fiscales para las familias como una subida del IRPF, sino "ventajas" para familias y empresas que generen empleo o sostengan sus plantillas.