El coordinador del grupo de diputados del PP de Jaén en el Parlamento de Andalucía, Francisco Armijo, ha considerado que "hay que ser cautelosos a la hora de valorar los datos" ofrecidos por la consejera Clara Aguilera sobre el primer aforo de la campaña de aceite de oliva, teniendo en cuenta los posibles efectos de las condiciones meteorológicas y, "sobre todo, conociendo los precedentes de la Junta que, a veces, ha fallado en más de un 20 por ciento".

A través de un comunicado, Armijo ha recordado que si no llueve lo suficiente en estos días afectará al fruto y la cifra sería más baja que la proporcionada por la titular de Agricultura y Pesca. "La Junta de Andalucía no debe confiarse, ya que los olivareros están en la ruina y mirando al cielo para que sus cosechas prosperen. La Junta no se preocupa de lo más fundamental, modernizar las explotaciones para que los costes de producción sean competitivos y el olivar pueda situarse en el lugar en el que debe estar", ha comentado para defender que lo importante es "vender a buenos precios para asegurar la rentabilidad del sector".

Al respecto, el diputado autonómico del PP ha señalado que el PSOE ha aprobado una Ley del Olivar "sin contenido y sin dinero y se lava las manos", mientras la nueva norma "no contempla la principal necesidad del sector: garantizar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones olivareras". Frente a ello, según ha añadido, el PP-A apuesta por la modernización del olivar, por el empleo, la mejora de la renta agraria y la utilización eficiente del agua, entre otras cosas.

En su opinión, tampoco recoge las medidas necesarias para la comercialización del aceite ni el establecimiento de un sistema de financiación eficaz para las explotaciones menos viables. "No contiene ni apuesta por un completo plan de reconversión y reestructuración del olivar andaluz, al igual que tampoco lo hace por un plan de promoción institucional. La ley no contiene una memoria económica con unos recursos económicos importantes que permita hacer efectiva la norma, tal como denunció el Consejo Económico y Social de Andalucía en su dictamen de julio de 2010", ha aseverado.