La nueva Ley de movilidad de tierras ha recibido este lunes su aprobación definitiva en la Cámara gallega con los únicos votos del PPdeG, que ha reivindicado su utilidad frente a la "intervencionista" norma aprobada por el anterior Gobierno bipartito, y con el rechazo de los diputados de PSdeG y BNG, que han alertado de que la norma impulsada por la Consellería de Medio Rural abre la puerta a la "forestación" de superficie agraria.

En el transcurso del debate, la parlamentaria socialista Sonia Verdes ha atribuido los cambios en la ley y en el Banco de Terras a la intención del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo de "defender los intereses de las grandes empresas privadas" y de forestar los predios agrarios de la comunidad y no el de los ganaderos que necesitan terrenos para ampliar sus explotaciones.

A su entender, la nueva norma evidencia "la grave miopía política" del PP y su actitud "revisionista y partidista" con respecto a los pasos dados por el bipartito. "Para ustedes el rural no tiene futuro", ha lamentado Verdes, quien ha identificado esta percepción con el objetivo —que achacó a los populares— de fomentar su "abandono" y "forestación".

La diputada socialista ha lamentado la imposibilidad de alcanzar "acuerdos" durante la tramitación de la ley, ni en cuestión de "plazos" ni a la hora de ofrecer "más garantías" a los propietarios de los previos para favorecer su "incorporación" al Banco. Asimismo, ha acusado a los populares de pretender "ventilarse" la ley de incendios a través de la norma reguladora de montes.

En la misma línea, la parlamentaria del BNG Tereixa Paz ha alertado de que el texto constituye un "totum revolutum" que contribuye a que se use el Banco de Terras para "acabar forestando" la superficie agraria. "Este proyecto profundiza en el desequilibrio del territorio rural", ha denunciado, muy crítica con que se "abandone" el Banco como "instrumento de ordenación racional" del territorio rural.

Además de la "nula voluntad" de que esta herramienta sea "operativa" para que las explotaciones puedan ampliar su superficie, Paz ha detectado que el texto introduce "elementos de discrecionalidad" en lo que respecta a los criterios de adjudicación de predios y ha pedido a los populares que "no intenten tomar el pelo" a los gallegos negando que se permite que "se acaben forestando" fincas agrarias.

Derogar un texto "nacionalista"

Frente a las críticas de PSdeG y BNG, la diputada del PPdeG Isabel Garía Pacín ha defendido la nueva ley, así como la necesidad de "derogar" la anterior norma, "de marcado cariz nacionalista", y "sustituirla" por un nuevo texto "adaptado" a las necesidades que ha permitido detectar la "experiencia" de los últimos cuatro años.

Tras las acusaciones de "sectarismo" que esta afirmación provocó en la oposición, García Pacín ha insistido en que el anterior Gobierno no fue capaz de "generar confianza y seguridad" en los propietarios de los terrenos y ha insistido en que la norma no permite "en ningún punto" la reforestación de la alertan PSdeG y BNG.

"Usan la demagogia como nadie", ha lamentado la popular, para contraponer la actitud de los nacionalistas con la del PPdeG, que "presume de coherencia, no de sectarismo". "Siguen queriendo hacer tragar con su ideología", ha advertido, para concluir que su formación y la Xunta sólo "comulgaría" si ésta, en relación con la ley del Banco de Terras, estuviese asentada "en principios sólidos", como a su entender, no es el caso.

Tras rechazar las enmiendas de PSdeG y BNG que se habían mantenido vivas para el pleno, el PP ha dado la aprobación definitiva a esta norma, que recibió el visto bueno de la Xunta en mayo de este año.

Nueva ley

Precisamente en su presentación con Núñez Feijóo, tras el Consello de la Xunta que autorizó el anteproyecto en mayo, el conselleiro Samuel Juárez defendió la ampliación del ámbito de actuación del Banco de Terras, que en la ley del bipartito estaba "limitado" a la superficie agraria útil dentro de las zonas de especial interés agrario y que ahora pasará a comprender "todos" los predios con vocación agraria del territorio gallego.

En este escenario, el anteproyecto de Ley de movilidad de tierras prevé, además, un nuevo marco relacional entre la Xunta y el Gobierno central para posibilitar la movilización y el aprovechamiento de los más de 320.000 fincas rústicas existentes en Galicia de propietarios desconocidos, que suman una superficie de 5.600 hectáreas.

A diferencia de la impulsada por el bipartito, la nueva norma pretende —en palabras de la Xunta— "huir del intervencionismo", por lo que se elimina el derecho de tanteo y retracto que permitía al Banco de Terras frustrar cualquier operación de compraventa de un predio para hacerse con esa propiedad.