La Delegación provincial de Economía, Innovación y Ciencia en Málaga ha iniciado un expediente sancionador contra dos empresas malagueñas por la realización de revisiones en las instalaciones de gas butano de forma irregular.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por varios ciudadanos en las que alertaban de anomalías en la revisión de sus instalaciones de gas, según ha indicado la delegada de Economía, Innovación y Ciencia, Pilar Serrano.

El primer caso se trata de dos denuncias presentadas por ciudadanos de Marbella (Málaga). Al parecer, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, los operarios de la empresa se presentaron en sus domicilios para realizar una revisión por la que intentaron cobrar 276 y 250 euros respectivamente. Así, presupuestaron elementos sin incluirlos en el informe de anomalías ni el plazo con el que cuenta el ciudadano para subsanarlas, tal y como establece la normativa vigente.

La Delegación requirió a la empresa el certificado de revisión emitido por el instalador autorizado sin que la empresa contestara. Además, se constató que en uno de los casos los operarios que realizaron la revisión no aparecen registrados como instaladores en la base de datos de la Delegación. Por ello se ha abierto un expediente sancionador con una multa de 48.000 euros a la empresa.

El segundo caso se ha dado en la capital después de cuatro denuncias de diferentes usuarios. Aquí, la empresa enviaba una carta a los clientes avisándoles de que iban a realizar una revisión de la instalación, posteriormente no presentaban un informe de anomalías sino que emitían un certificado conforme a la norma y que no cumplía los requisitos mínimos.

Concretamente no llevaba la firma del instalador y cobraban en la factura una serie de elementos sin indicar en qué anomalía se había actuado. En una de las denuncias presentadas se detectó, además, que quien realizó la revisión no estaba inscrito como instalador habilitado por la Junta de Andalucía.

El expediente sancionador en este caso asciende a 60.000 euros, han precisado desde la Junta, al tiempo que han indicado que se propone la cancelación y retirada del certificado de empresa instaladora a ambas compañías.

El usuario decide la empresa

Serrano ha recordado que la normativa vigente especifica que las instalaciones de gas deben pasar una revisión obligatoria cada cinco años y que debe ser el propio usuario quien se ponga en contacto con la empresa que haya elegido libremente.

Una vez se avise a la empresa deberá acudir un instalador que en el caso de que detecte algún defecto emitirá un informe de anomalías. El ciudadano podrá corregirla en un plazo de hasta tres meses, dependiendo de la incidencia, y será él mismo quien decida qué empresa realizará la reparación de los fallos detectados.

Desde la Delegación han aconsejado que no se firme ningún tipo de presupuesto ni factura hasta que no le hayan emitido el informe de anomalías. Además, en caso de que el personal de la empresa amenace con el corte inmediato del suministro éste sólo se realizará si se detecta una anomalía principal, es decir, aquellas que puedan generar riesgos como una fuga de gas; que el tubo flexible presente grietas o daños, etcétera.