La Fundación Nueva Cultura del Agua, organización dedicada al estudio, investigación y difusión y debate social en materia de recursos hídricos y medio ambiente acuático, cree que el debate sobre la distribución de competencias y transferencias de las mismas del Estado a la Comunidad Autónoma "no es el problema y tema prioritario que debiera tener planteada la cuenca del Guadalquivir en estos momentos".

Además, el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Leandro del Moral ha defendido en declaraciones a Europa Press que las iniciativas en esta materia adoptadas desde Andalucía vienen "forzando situaciones que combinadas con las medidas tomadas en otras comunidades, afectan, no solo por las implicaciones en Castilla-La Mancha y Extremadura, al conjunto de la organización territorial de la política de aguas española".

Sin embargo, señala que alguno de los grupos de presión económico-sociales que se oponen a la transferencia o cesión de dichas competencias a Andalucía o que abogan por su devolución son, ellos mismos, los que generan "las mayores dificultades para abordar las medidas que es necesario adoptar".

Asimismo, cree que el debate sobre el futuro de la organización de la política de aguas en España está "aún por resolver", abarcando desde la discusión acerca del procedimiento y la oportunidad de la reforma hasta la propia concepción y grado de descentralización deseable del Estado.

Por contra, Del Moral plantea que las prioridades reales de la gestión del agua en Andalucía son "democratizar la gestión, con mucha más información relevante e intencionada para promover los cambios de percepción y valores necesarios y potenciando la participación activa de las organizaciones sociales; reorientar los objetivos de esta política, desde la prioridad absoluta de la satisfacción de usos productivos —fundamentalmente agrarios— a la conservación y recuperación del buen estado y de la calidad del las aguas; mejorar el cumplimiento de la ley, intensificando el control de la legalidad, frenando y penalizando las infracciones; y mejorar la coordinación interna en el propio sistema de administración del agua, la horizontal y la vertical con otras administraciones".

La Directiva Marco del Agua, según recuerda Del Moral, exige una política de aguas centrada en la protección y el uso sostenible, así como la demarcación hidrográfica como la unidad principal de planificación y gestión de la política de aguas. La adaptación del Derecho español a la Directiva "brindó" la oportunidad de establecer una organización territorial de la política de aguas eficaz y que permitiera una mayor participación de las comunidades autónomas, pero "quedó limitada a la creación de un órgano de cooperación interadministrativa —Comité de Autoridades Competentes— con limitadas funciones", recuerda.

"oportunidad perdida"

"Tras esta oportunidad perdida, el debate mencionado llevó a determinadas comunidades a modificar sus Estatutos de Autonomía e incorporar una ampliación de sus competencias en materia de aguas, dando lugar a recursos ante el Tribunal Constitucional que los ha resuelto de forma diversa, aceptando algunas, limitando la interpretación de otras y anulando dos de ellas, el andaluz entre éstos", ha precisado.

Por otro lado, crítica que el Gobierno del Estado, a menos de tres meses de la elecciones adelantadas del 20 de noviembre, ha modificado la Ley de Aguas de manera urgente para "conferir" a las comunidades que lo tengan previsto en sus Estatutos de Autonomía, el ejercicio de la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico dentro de su ámbito territorial.

El objetivo de las políticas de agua, según el catedrático ha indicado a Europa Press, podría lograrse con una ampliación de la capacidad de decisión de los Comités de Autoridades Competentes en los que las comunidades autónomas tuvieran una capacidad de decisión y veto adecuada a las funciones que desempeñan. Por otro lado, apuesta por una "profunda actualización" de las Confederaciones hidrográficas para adaptarse a un sistema de conocimiento interdisciplinar, una gestión democrática y participativa más activa y real y la consecución efectiva de los objetivos de protección y uso sostenible.