La alcaldesa de Aguadulce dice que dio la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo"

La alcaldesa de Aguadulce (Sevilla), Isabel Ortiz (PSOE), imputada por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio a cuenta de la licencia de obras concedida en 2006 para la construcción de dos naves de engorde de pavos supuestamente en suelos calificados como rústicos, ha defendido este viernes que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar".

La alcaldesa de Aguadulce (Sevilla), Isabel Ortiz (PSOE), imputada por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio a cuenta de la licencia de obras concedida en 2006 para la construcción de dos naves de engorde de pavos supuestamente en suelos calificados como rústicos, ha defendido este viernes que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar".

Según ya informaron a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía pide para la alcaldesa en su escrito de acusación nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público. El juicio tenía prevista su celebración el pasado 10 de junio, un día antes de que el Ayuntamiento de Aguadulce constituyera su nueva corporación con la proclamación de la propia Ortiz como alcaldesa por mayoría absoluta, pero finalmente fue suspendido y aplazado hasta este viernes debido a la enfermedad de la letrada de la acusada.

Durante la celebración del juicio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Isabel Ortiz ha explicado que otorgó la licencia el 19 de octubre de 2006 porque el solicitante "era un vecino del pueblo que iba a crear empleo" a través de un proyecto "de envergadura", todo ello a pesar de que tanto el arquitecto como la secretaria municipal le habían advertido de que no podía otorgar dicha licencia sin que el solicitante presentara un proyecto de actuación, el cual fue visado cinco días más tarde de dar la licencia, concretamente el 24 de octubre de 2006.

"Era una licencia condicionada a que presentara el proyecto de actuación", ha alegado la primer edil, quien, tras ser preguntada por el fiscal sobre si conocía que este proyecto de actuación era un requisito imprescindible para poder dar la licencia, ha reconocido que, en esa fecha, "sus conocimientos de urbanismo eran cero, pero este vecino —identificado como José Antonio B.— se comprometió a presentar" dicho proyecto. Tras ello, "me olvidé de este asunto y lo dejé en manos de mis técnicos", ha señalado.

Así, la alcaldesa ha insistido en que otorgó la licencia "para ayudar a un empresario de mi pueblo; quizás me dejé guiar por el sentimentalismo". "No era consciente de que dar la licencia en esas condiciones era ilegal", ha agregado, apuntando además que el vecino que solicitó la licencia "vino a verme varias veces", por lo que ante esta insistencia "flexibilicé los trámites".

Por último, la primer edil de Aguadulce ha querido dejar claro que, en el momento de otorgar la licencia, este vecino "no era militante" del PSOE, aunque posteriormente, concretamente en las elecciones municipales de 2007, fue incluido en la lista del PSOE a las elecciones municipales y estuvo en la oposición temporalmente.

El pasado día 10 de junio, la vista oral se suspendió por la enfermedad de la abogada de la acusada, que, para justificar su ausencia en el juicio, presentó ante el Juzgado un parte médico emitido por una consulta privada radicada en la avenida de la Buhaira en el que se dice que está aquejada de gastroenteritis.

Tras ella, la Fiscalía solicitó, y la acusación particular ejercida por el Consistorio se adhirió a ello, que se investigara la "veracidad" del parte médico llamando al médico que lo emitió, para aclarar en qué consistió la asistencia y si tuvo que ser ingresada por la gastroenteritis referida.

Los hechos

Joaquín Benítez (IU-CA), el exalcalde de Aguadulce, ya informó a Europa Press de que fue él quien elevó los hechos en cuestión a la Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de Sevilla, que como promotora de la querella que dio pie a las diligencias reclama para Isabel Ortiz nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público a cuenta de posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Según ha relatado, el 19 de octubre de 2006, cuando Isabel Ortiz aún ostentaba la Alcaldía que en mayo volvió a recuperar, autorizó una licencia de obras con destino a la construcción de "dos naves de engorde de pavos en suelos declarados rústicos" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

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