La Unión General de Trabajadores (UGT) en Aragón ha anunciado que recurrirá la orden de amortización de plazas suscrita por los consejeros de Presidencia y Hacienda del Gobierno de Aragón, por la que se procede a amortizar 110 puestos vacantes con dotación económica al tiempo que se amortizan otros 92 que ya no tenían dotación económica desde la aprobación de los presupuestos para 2010.

El sindicato ha indicado, asimismo, en una nota de prensa, que estudiará "detenidamente" las plazas amortizadas "para comprobar que no se está afectando seriamente a la prestación de los servicios".

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Aragón ha rechazado el "fondo" y la "forma" de la decisión del Gobierno autonómico porque "no está negociada con los sindicatos" y se ha tomado "al margen de cualquier planificación de las plantillas", además de ser "engañosa en cuanto al gasto público".

La organización sindical ha agregado que el Gobierno argumenta que amortiza las plazas por haberse demostrado, tras permanecer 18 meses vacantes, que no eran necesarias y afirma que la amortización supondrá un ahorro presupuestario de tres millones de euros que podrán ser destinados a otras partidas.

Para UGT, "resulta evidente que el hecho de que las plazas no hayan estado ocupadas no responde a un fenómeno natural o a una ley de la física, sino a la voluntad manifiesta del Gobierno, de este y del anterior, de no proceder a su cobertura".

La organización sindical ha expuesto que "sólo un análisis de cada plaza, que debería haberse realizado dentro de las auditorias puestas en marcha por el Gobierno de Aragón, puede determinar la necesidad o no de la ocupación de las plazas" y "solo después de conocer las plazas que se amortizan podremos pronunciarnos al respecto", para añadir que ese análisis "ha de ser, además, puesto en común, en la mesa de negociación, con las centrales sindicales".

Fijado por ley

UGT-Aragón ha manifestado que "discrepamos del Gobierno en cuanto al alcance de la capacidad de autoorganización de la Administración", además de que los procedimientos para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo están fijados en la ley e "incluyen la comunicación previa a las organizaciones sindicales y este requisito no se ha cumplido".

Igualmente, han continuado, resulta "chocante" el argumento económico del Gobierno porque decir que la amortización de las plazas va a generar un ahorro presupuestario de tres millones de euros "no es mentir, pero es no decir toda la verdad, por cuanto esos tres millones no se gastaban realmente, no se ejecutaban" y, "si, como dice el Gobierno, se van a aplicar a otras partidas, se empieza a entrar en el terreno de la mentira".

Al respecto, han argumentado que si esas otras partidas "no se ejecutan, estaríamos hablando de una pura operación de maquillaje, pero si se ejecutaran estaríamos hablando de un aumento de gasto real de tres millones de euros por parte de la Comunidad autónoma, lo que contradiría las intenciones de ahorro".