El concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra (PP), ha asegurado este jueves que "nunca" recibió dinero de los empresarios acusados "ni de nadie" a cambio de licencias urbanísticas que presuntamente no se adaptaban a la legalidad y ha mantenido, igualmente, que los promotores no le ofrecieron cantidad alguna ni tampoco le indujeron.

Guerra ha declarado en el juicio del caso 'Troya', sobre la presunta corrupción urbanística en dicho municipio, en el que está acusado por delitos urbanísticos y de cohecho, al entender la Fiscalía que él estaba "al frente de una trama" que consistía "en ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución".

El fiscal le ha preguntado por anotaciones halladas durante el registro supuestamente en el ordenador de su despacho, así como otros documentos, como una tabla que señalaba el dinero por metro cuadrado o vivienda. El acusado ha dicho no recordar si este último escrito estaba en su ordenador y no ha querido responder sobre las anotaciones exhibidas.

"Son muchas las anotaciones que uno tiene en su despacho o en su ordenador y no voy a entrar en detalles de ninguna anotación en concreto", ha dicho el edil, quien en referencia a otro apunte ha vuelto a incidir en: "no recuerdo la anotación, no reconozco ni siquiera que sea mía". A preguntas del presidente del Tribunal sobre si reconoce su letra ha reiterado su respuesta.

También ha negado conversaciones telefónicas sobre dinero con un empresario. Sobre el informe policial de su patrimonio, ha afirmado que contiene datos "falsos" y que no ha comprobado la veracidad de las cantidades de gastos que aparecen por meses, constando, por ejemplo, según ha leído el fiscal, que en enero de 2005 "se dispuso tanto en efectivo como con tarjetas de un total de 64 euros".

Ha explicado que él no se encargaba de las cuentas de la economía familiar y ha apuntado que en el informe "no se suman otros gastos que tiene toda familia, como es hipotecas, contribución, seguro del hogar, etcétera". Ha dicho que "única y exclusivamente" tiene ingresos por su nómina y ha indicado que "no llevamos esos trenes de vida de los que habla el informe policial". URBANISMO

El edil ha explicado cómo se otorgaban las licencias y ha asegurado que si todo era correcto se redactaba un decreto, que él firmaba como concejal de Urbanismo. En este sentido, ha dicho que no veía los informes técnicos ni jurídicos, aunque sabía "que era correcta la licencia que se concede porque en el propio decreto se dice que se da de acuerdo" con dichos dictámenes.

El fiscal de Medio Ambiente le ha mostrado varios expedientes, con informes en los que en algún apartado se indica "cumplimiento no" y con informes jurídicos en los que se indica que se puede otorgar la licencia. Al respecto, el acusado ha señalado que se firmaba el decreto porque "entendía que se está concediendo con los informes favorables, pero no soy técnico ni un experto".

"Firmo un decreto que viene con la conformidad de los informes, puede haber un error, si una persona que redacta un decreto se equivoca, se ha equivocado", ha manifestado el edil, quien, no obstante, ha mostrado su confianza en "la profesionalidad y en la independencia de todos los técnicos municipales y todo el funcionariado en general".

Ha aludido a que hay expedientes en el procedimiento judicial en los que se conceden menos viviendas de las que se solicitaban y casos en los que no se ha llegado a construir. Ha manifestado que supieron hace poco que el Plan General de Ordenación Urgana (PGOU) no se llegó a publicar y que nunca dio instrucciones ni a técnicos de lo que tenían que redactar, apuntando que en materia de Urbanismo con el alcalde sólo trataba asuntos de planeamiento.

También ha declarado otro acusado, asesor jurídico de la oficina técnica municipal Juan Burgos, quien ha indicado que los permisos investigados son "licencias normales", en las que se ha seguido el procedimiento y que se conceden en suelos urbanos "que cumplen la ordenanza y están integrados", por lo que eran informes "rutinarios", basados en el PGOU, al entender que era "la norma vigente".

Ha explicado casos en los que hay "discrepancias" entre el informe técnico y el jurídico. Cuestionado sobre por qué no se explica en sus informes dichas divergencias, ha admitido que "si tuviéramos la oportunidad de reescribir estos informes, lo haríamos mucho más exahustivos y estoy de acuerdo en que se pueden mejorar", añadiendo que no recibió directrices sobre la forma de hacer su trabajo.