Un nuevo grupo de inversores ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra la familia Ruiz-Mateos y diez de sus sociedades por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores.

En la querella, presentada este martes por el despacho Gómez-Nix Abogados en representación de unos 60 inversores, los denunciantes solicitan la imposición de una fianza de siete millones de euros y reclaman la citación de Ángel de Cabo, empresario que compró Nueva Rumasa a través de la sociedad Back in Business, según informaron a Europa Press en fuentes del bufete de abogados.

También piden que el juez requiera el contrato de compraventa del grupo para analizar si el negocio jurídico podría ser declarado nulo en caso de que se hayan transmitido empresas que se encuentren intervenidas por administradores judiciales que no hayan autorizado la operación.

Los querellados en este caso son el fundador de Nueva Rumasa, José María-Ruiz Mateos, su esposa, Teresa Rivero, sus hijos Javier, Álvaro y Pablo y su sobrino Zoilo Pazos, así como las empresas Nueva Rumasa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Bodegas Valdivia, Carcesa, Hibramer, Dhul y Clesa.

Para sustentar sus argumentos, los inversores hacen hincapié en la correspondencia que se cruzaron los Ruiz-Mateos con el presidente del Santander, Emilio Botín, y otros directivos del banco.

Esta querella se sumará previsiblemente a la causa abierta por la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, en representación de unas 200 personas, en la que posteriormente también se personó V Abogados, con una treintena de inversores.

Hasta el momento el juez de la Audiencia Pablo Ruz ha admitido la personación de una decena de acusaciones particulares en representación de más de 250 titulares de pagarés de Nueva Rumasa.