Exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella (Málaga) se han mostrado conformes con la acusación fiscal en un caso de concesión de una licencia urbanística en dicha localidad y han reconocido este martes los hechos por los que eran acusados, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La causa judicial, que le correspondió para su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, se refiere a una licencia de obra otorgada en la comisión de gobierno del 8 de diciembre de 1999 en la zona Arroyo Guadalpín para la construcción de una urbanización, según han señalado distintas fuentes.

Según las fuentes, los exediles Julián Muñoz, Marisa Alcalá, Rafael González, Tomás Reñones, Alberto García Muñoz, José Luis Fernández Garrosa y José Luis Troyano se han conformado con las penas pedidas por el fiscal, un año de cárcel para los miembros de la primera legislatura del GIL y nueve meses para los de la segunda, según se fijó en el acuerdo con la Fiscalía.

No obstante, en esta causa, la acusación particular, en representación del PSOE, ha mantenido su petición de pena superior a la del ministerio público, en concreto dos años prisión para los exconcejales de la primera legislatura y un año y 10 meses de cárcel para los otros.

Así, en la vistilla celebrada este martes en el Juzgado de lo Penal número 6, la acusación particular ha hablado de alarma social en Marbella y, según han explicado fuentes judiciales, ha alegado la existencia en los acusados en la causa de la agravante de reincidencia.

Según han apuntado a Europa Press fuentes de las defensas, esta acusación no ha dado una base legal que sustentaría dicha agravante, por lo que tanto la Fiscalía como los letrados de los acusados han solicitado que no se considere dicha circunstancia a la hora de dictar sentencia por no darse los requisitos legales.