El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, ha subrayado este martes en Santander el compromiso de su partido y del presidente del mismo, Mariano Rajoy, de, si llega a formar Gobierno, modificar "inmediatamente" la Ley de Costas porque es "absolutamente injusta".

García-Escudero se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado a la empresa Amuesa, una de las 150 afectadas por la Ley de Costas en el Polígono de Raos, y en la que ha estado acompañado por el presidente de Cantabria, el 'popular' Ignacio Diego, y la senadora de este mismo partido y consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz.

El senador ha explicado que esta visita se enmarca en la intención del PP de "seguir trabajando" para la modificación de la Ley de Costas, que fue objeto de una proposición de ley que presentó Díaz y aprobó el Senado pero que no se ha tramitado en el Congreso por la disolución de las Cortes.

En este sentido, García-Escudero ha explicitado el compromiso del PP y de Rajoy, "una vez pasen las elecciones y si formamos Gobierno", de "revitalizar inmediatamente" esta proposición porque la Ley de Costas mantiene preceptos "absolutamente injustos" no sólo para Cantabria sino también para otras "muchas" autonomías.

La ley, aprobada en 1988, establece el final de la concesiones en 2018, una fecha que está "prácticamente encima", lo que genera "una preocupación muy grande" en las comunidades autónomas y las asociaciones empresariales.

El PP pretende eliminar el plazo de 2018 y que se cumplan las decisiones de los tribunales de justicia europeos que han fallado en favor de los afectados.

En opinión de García-Escudero, se trata de una ley que se hizo de forma "muy utópica", con un "fondo muy bueno" como es la protección del medio ambiente, pero contempla el fin de las concesiones, incluidas "las de 99 años o en propiedad", dentro de siete años sin derecho a indemnización.

"En esta época de crisis supondría el cese de una actividad empresarial muy importante y la pérdida de muchos puestos de trabajo", ha explicado el portavoz 'popular', para quien la solución pasa no sólo por eliminar el plazo de caducidad sino por un "compromiso" de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través del planeamiento porque "hay que racionalizar".

Así, ha puesto como ejemplo si se tendría que derribar una casa del siglo XVII por la Ley de Costas. "Es necesario racionalizar, que se comprometan las comunidades y los ayuntamientos y se analicen las especificidades del litoral español para hacer una cosa racional, que compatibilice la protección del medio ambiente con las construcciones y la propiedad privada", ha defendido.

Por eso ha insistido en que, "en cuanto pasen las elecciones, cuanto antes", saldrá adelante esta modificación "porque es de justicia".

Por su parte, Diego ha recordado que en el Polígono de Raos hay "muchos afectados directamente" por la Ley de Costas, un total de dos millares de trabajadores, y si ésta no se modifica "de aquí a 2018 tendrán que cerrar".

El presidente se ha referido a la iniciativa del PP en el Senado "para evitar la afección directa a las empresas" y ha reiterado el compromiso de este partido de "seguir trabajando" en "algo vital para Cantabria" como es su desarrollo socioeconómico, aunque la ley también es "importante" para España porque otras comunidades tienen "la misma problemática".

Mientras, el presidente de la Asociación Raos 99, responsable de la empresa Amuesa, Francisco Meng, ha asegurado que la Ley de Costas ya ha "afectado notablemente" a todas las empresas con concesión del polígono. "Llevamos muchos años afectados y ahora estamos muy afectados porque 2018 está a la vista", ha indicado.

Además, ha asegurado que los concesionarios "cada vez nos empobrecemos más" porque las concesiones están "perdiendo valor" ya que "no les queda nada de vida", lo que conlleva dificultad para obtener créditos. "Con un patrimonio para respaldar los créditos que acaba en siete años no te dan nada", ha subrayado. Por eso ha remarcado la necesidad de que "mucho antes de 2018 nos devuelvan nuestro patrimonio para respaldar los créditos".

En el caso concreto de Raos, ha explicado que hay empresas familiares, con gente mayor al frente, que no pueden pasarlas a sus hijos, y como "caso sangrante" se ha referido a un taller con seis trabajadores cuyo concesionario se va a jubilar y, aunque hay interesados, no la compra nadie. "El hombre no se puede jubilar y cuando lo haga echará a la calle a los trabajadores", ha lamentado Meng.

Por todos estos motivos, ha insistido en que es "grave y urgente el tema de Raos", en el que ya han cerrado empresas familiares "porque no ven futuro".

Finalmente ha agradecido el "apoyo" del PP durante siete años y ha confiado en que "se solucione el tema del Puerto" y de la Ley de Costas.