Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado que se convocarán movilizaciones a nivel provincial a finales de este mes para protestar contra la situación "insostenible" que viven en la actualidad las distintas asociaciones de discapacitados de la región, ya que, según han estimado, la deuda de la Junta "asciende a más de 34 millones de euros".

Así lo han explicado en rueda de prensa el responsable regional de Sectores socioeducativos de la Federación de Enseñanza CCOO, Antonio Romero, y el responsable regional de FETE-UGT, Pablo Guerrero, quienes han incidido en que "cerca de 3.500 trabajadores del sector de la discapacidad tienen algún impago o retraso en sus nóminas" y en algunos casos los trabajadores "llevan ya cuatro nóminas sin cobrar".

En estas movilizaciones, según Romero, "se invitará a participar a padres, usuarios y entidades", y en caso de no recibir por parte de la Junta una respuesta se llevará a cabo una concentración de todo el sector en Toledo "para exigir que se abone lo que se adeuda". DESDE 2010

En este sentido, Romero ha señalado que desde el año 2010, las tres consejerías del Gobierno regional que colaboran con convenios con estas asociaciones (Empleo, Sanidad y Asuntos Sociales y Educación, Cultura y Deportes) "están retrasando los pagos de los convenios de colaboración", lo que hace que muchos de estos centros dependientes de las subvenciones "estén en situación de ninguna liquidez, y sin poder hacer frente incluso a los proveedores".

"La mayoría de estos trabajadores cobran unos 800 euros mensuales, y al acumularse cuatro nóminas sin cobrar en algunos casos han provocado situaciones casi críticas en muchos de ellos", ha agregado.

Sanidad debe 18 MILLONES

Sobre la deuda, Romero ha subrayado que la Consejería de Sanidad ha pagado en estas fechas "una parte del total" —5.120.000 euros— que se ha repartido entre las asociaciones "de manera proporcional", aunque aún deben "en torno a 18 millones".

El pago realizado, según Romero, significa "el 35 por ciento de lo que se tiene que cobrar", y ya que la cantidad percibida "se va a acabar en seguida" la situación "se repetirá en próximas fechas, lo que llevará a estas asociaciones a la incertidumbre y a no saber cómo van a seguir pagando las nóminas".

Por otra parte, el dirigente sindical ha indicado que por parte de la Consejería de Empleo se adeudan las ayudas que destinaban a estas asociaciones "desde septiembre de 2010", lo que equivale a "unos 4,5 millones de euros del año pasado y otros 12 millones de 2011, 16,5 en total".

EL 90%

De las asociaciones,

En riesgo

Por otro lado, el responsable regional de FETE-UGT, Pablo Guerrero, ha aseverado que el 90 por ciento de estas entidades están en una situación "alarmante" por los impagos, en un sector que ofrece servicios que disfrutan cerca de 18.000 usuarios con unos 9.000 trabajadores en total.

"Con esta deuda, los servicios ofertados se resienten e incluso algunos centros ya han planteado su cierre, porque así no pueden sostener el servicio, llegando incluso a no pagar a los proveedores", ha añadido.

Guerrero ha matizado que este tipo de entidades trabajan "sin ánimo de lucro y no pueden tener recursos propios ni beneficios", además de que su problema se ve agravado "porque tienen que pedir créditos para pagar a los trabajadores que luego apenas pueden cubrir con las subvenciones, porque estas no reflejan los intereses generados de los préstamos bancarios".

Además de la deuda por las subvenciones y convenios de colaboración, Guerrero ha manifestado que hay que sumarle otro tipo de ayudas destinadas a la remodelación de edificios, gasto "que en algunos casos ya se ha pagado por parte de las entidades y que luego no se pagan por parte de la Junta".

Centros especiales de empleo

Guerrero ha explicado además que en el caso de los Centros Especiales de Empleo, "que dan trabajo a través de 500 empresas a unos 4.000 trabajadores discapacitados de la región", no se están pagando las ayudas de la Junta destinadas al salario de dichos trabajadores, "que representan un 50 por ciento de las nóminas en el caso de discapacitados físicos y de un 75 por ciento en discapacitados psíquicos".

Esta situación provoca, según el dirigente sindical, que los trabajos que se realizan desde estos centros queden impagados, "lo que se traduce en el cierre de dichos centros y el despido de los trabajadores".

"Por todo esto exigimos a la administración que pague los servicios sociales, ya que el plan de choque que han presentado es para preservarlos", ha agregado.

Por último, los responsables sindicales han indicado que hay dos asociaciones en la región —APANAS en Toledo y ASPRONA en Albacete— que sí han cobrado el cien por cien de la deuda que mantenía con ellas la Consejería de Sanidad.