El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, ha reclamado al Gobierno de Aragón, de Luisa Fernanda Rudi, y al consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, un plan de actuación para la legislatura con el objetivo de optimizar los medios de que dispone la Justicia en la Comunidad y de hacer "uso de la imaginación y aprovechar la experiencia para obtener mejores resultados con los recursos existentes".

En el acto de apertura del Año Judicial, celebrado en el Palacio de los Condes de Morata de Zaragoza, Fernando Zubiri ha reclamado especialmente culminar el plan de construcción de edificios judiciales y mejorar la infraestructura informática existente, "cuyas caídas y limitaciones exasperan a los ciudadanos y dan muy mala imagen de nuestra Justicia".

En este mismo sentido, ha observado que los logros conseguidos en esta materia, con los sistemas de comunicación Lexnet, la grabación de juicios Arconte o los accesos a bases de datos jurídicos, "no pueden quedar empañados por las limitaciones de los servidores y de la red informática".

Al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha pedido que asuma el liderazgo "en lograr la renovación de la Justicia, mejorar su imagen, la transparencia en las decisiones gubernativas y la comunicación institucional".

Zubiri ha recordado algunos hechos relevantes acaecidos en el último año, como dos modificaciones "trascendentes" en Aragón y que afectan a la administración de Justicia. En primer lugar, la aprobación del Código del Derecho Foral de Aragón, que "constituye ahora el derecho civil propio de la Comunidad".

A su juicio, es "un momento histórico en la evolución de nuestro ordenamiento jurídico particular" y, por ello, ha instado a jueces y magistrados aragoneses a "profundizar en su estudio y a aplicarlo en todos los casos que proceda".

"leal colaboración"

En segundo lugar, ha resaltado la celebración de los comicios autonómicos en mayo, para desear a la presidenta Rudi "éxito" en su gestión y ofrecer al nuevo consejero de Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, "la leal colaboración de la Presidencia del Tribunal y de su Sala de Gobierno y la critica constructiva y positiva" para conseguir la mejora de los medios "precisos para el ejercicio de la recta e imparcial Administración de Justicia".

Tras recordar la reciente celebración de unas jornadas dedicadas a Joaquín Costa, ha subrayado la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados en las provincia de Zaragoza y Huesca y la "importante" dotación en la provincia oscense, donde los partidos judiciales de Barbastro y Fraga han visto duplicada su dotación y, en este último municipio, se ha inaugurado una nueva sede para los juzgados.

Además, ha remarcado la creación de una plaza de juez de adscripción territorial, cuyo servicio "es muy necesario", y ha defendido el valor de la Justicia en tiempos de crisis, "como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y como horizonte de conducta" para todas las instituciones y ciudadanos.

El presidente del TSJA ha opinado que "la recuperación económica sólo se realiza con inversión, investigación y desarrollo, elementos que no pueden desarrollarse en un Estado sin garantías jurídicas" y ha reclamado respeto y acatamiento de las decisiones judiciales porque "si públicamente se insta al incumplimiento de sentencias firmes" eso "quiebra el Estado de Derecho".

Zubiri ha concluido al pedir a sus compañeros jueces, magistrados, secretarios judiciales y funcionarios "ánimo en el trabajo diario, atención amable y serena a los problemas que nos plantean los ciudadanos y resolución de los asuntos mediante un riguroso análisis de los hechos y del ordenamiento jurídico".

Independencia de la justicia

Por su parte, el vocal del CGPJ, Antonio Monserrat, ha defendido la independencia de la Justicia ante quienes hablan de su politización, al alegar que "tengo el convencimiento de que más bien hay quienes desearían politizarla y si pretenden afirmar que los jueces ejercen el derecho según sus particulares filias o fobias políticas se equivocan de medio a medio".

Al respecto, ha advertido de que "los jueces y magistrados se someten a la ley y sólo a la ley", a pesar de quienes "calumnian sin comprender que la Justicia es el último y más poderoso bastión del Estado de Derecho", si bien los ciudadanos "confían en sus jueces a pesar de los pesares".

Monserrat ha hecho un balance "positivo" del año al detallar que 9.000 jueces y magistrados dan respuesta "a no menos de 9,3 millones" de asuntos, ejemplo de que trabajan "mucho y bien y en condiciones a veces inadecuadas". Desde el inicio del actual Consejo, ha añadido, "se han producido 785 nuevos accesos a la carrera judicial, se han creado 445 plazas de jueces y magistrados" y se está acometiendo un "ambicioso plan de modernización".

El vocal ha agradecido la colaboración del anterior Gobierno de Aragón y ha coincidido en reclamar al actual que, "dentro de las dificultades presupuestarias, no renuncien a dedicar todos sus esfuerzos para que este territorio cargado de historia siga siendo un ámbito privilegiado de Justicia y Derecho".

Seguirá cumpliendo su función

Por último, el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, ha garantizado que, ante los cambios que experimenta el país y que llegarán con las próximas elecciones, el Ministerio Fiscal "seguirá cumpliendo su función" de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público.

Rivera mantendrá "las buenas relaciones con las instituciones autonómicas", en las que cobra "una especial relevancia" la Comisión Mixta de Coordinación de la Administración de la Comunidad y del Ministerio Fiscal, "un instrumento eficaz" para analizar los asuntos pendientes.

Ha mencionado la participación del Ministerio Fiscal en el Observatorio Aragonés de la Mujer, la aceptación de los avances tecnológicos y la implantación de la nueva oficina judicial y los estudios realizados para implantar la nueva Oficina Fiscal, que se encargará del apoyo a la Jefatura, de soporte general y de apoyo procesal y a la investigación.

En actividad procesal ha subrayado los casos de aplicación de la Ley de 'custodia compartida' y en la actividad procesal de las fiscalías provinciales ha comentado que en 2010 se experimentó una disminución del 21% en el número de diligencias previas ingresadas; las diligencias urgentes se redujeron un 11,8%; el total de calificaciones formuladas por el Ministerio Fiscal aumentó un 6%, mientras que los juicios por delito, un 1,5% y los juicios de faltas a los que asistió el Ministerio Fiscal disminuyeron en un 12%.

En cuanto a la actividad procesal civil, ha apuntado que las Fiscalías provinciales se han centrado en la protección de los derechos de los menores en separaciones y divorcios y en la protección de los incapaces, formulando 490 demandas. Se ha avanzado en la especialización con dos nuevas fiscales de sala especialistas, una en delitos informáticos y otra en cooperación internacional.

Sobre el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha manifestado que "ignoro si será retomado" por el nuevo gobierno que surja de las urnas, pero "los fiscales estamos convencidos de que es necesaria una nueva ley que acoja los planteamientos que informan en la actualidad los sistemas procesales y de la investigación en la mayor parte de los países de nuestro entorno". Esta nueva ley "tendrá que contemplar la figura del fiscal".

Al acto han asistido también el presidente de las Cortes aragonesas, José Ángel Biel, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, entre otras autoridades.