El Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón apoyará y prestará asesoría a los municipios altoaragoneses afectados por el conflicto de delimitación territorial entre Aragón y Cataluña.

El Ayuntamiento catalán de Almacellas reclama hasta cien hectáreas de terreno en la zona comprendida entre Altorricón y Tamarite de Litera, en la provincia de Huesca, ya que según el catastro catalán son comunales. Sin embargo, según el catastro aragonés, son propiedad de los agricultores altoaragoneses que desde hace 60 años pagan sus contribuciones.

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha dicho este miércoles en Huesca que ha prestado su apoyo a los afectados, pero ha recordado que la competencia es del Gobierno central.

Suárez ha precisado que el Gobierno de Aragón "se ha puesto a disposición de los municipios aragoneses afectados, pero al tratarse de límites entre dos Cocmunidades autónomas la competencia es del Estado, con lo cual poco podemos hacer salvo el planteamiento de ponernos a disposición de los ayuntamientos afectados para todo aquello que necesiten y estén en nuestras manos".

El sindicato agrario UAGA alertó del problema días atrás y explicó que la frontera entre Almacellas y el Alto Aragón ha estado marcada históricamente por el río La Clamor, cauce que sufrió cambios en el siglo XX.

Como consecuencia de estas modificaciones, se desecaron terrenos que los agricultores de Huesca incorporaron a su propiedad. Estos terrenos figuran en el catastro aragonés y los agricultores llevan pagando las correspondientes contribuciones durante más de 60 años.

Ahora, Almacellas reclama entre 44 y 100 hectáreas de estos terrenos en la zona de Altorricón y Tamarite aunque el problema podría afectar a más localidades de la zona oriental de Aragón y a un número mucho mayor de hectáreas.

El conflicto territorial se hizo evidente recientemente, cuando se señalizó la autovía A-22. Las señales que dan paso a Cataluña se instalaron 300 metros antes de la frontera, lo que provocó la queja formal de la localidad de Altorricón.