El Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León se ha sumado este martes a la reforma de la Ley del Procurador del Común solicitada por esta Institución para adaptarla al nuevo Estatuto de Autonomía y garantizar que se cumplan sus recomendaciones.

Durante su comparecencia ante el pleno monográfico celebrado en la Cámara autonómica en el que el Procurador del Común, Javier Amoedo, dio a conocer las líneas básicas del informe elaborado con arreglo a las quejas presentadas en 2010, el viceportavoz del Grupo, Alejandro Valderas, ha reclamado que "prontamente" se revise esta ley y que se establezcan "medidas de seguimiento".

Valderas ha lamentado la dificultad para conocer si se cumplen las recomendaciones y reclamaciones del Procurador "incluso cuando las consejerías dicen que sí", al tiempo que ha planteado diferentes ejemplos en los que la Institución elevó quejas que fueron aceptadas por la Administración autonómica, aunque finalmente "no se hizo nada".

Asimismo, el viceportavoz ha subrayado que esta situación se complica en el caso de los ayuntamientos, por lo que ha abogado por una encuesta que permita conocer "si las reclamaciones del Procurador sirven realmente para algo, para tutelar los derechos básicos del ciudadano".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y parlamentario regional de Izquierda Unida (IU), José María González, ha insistido también en la necesidad de reformar de manera "urgente" la Ley Reguladora del Procurador del Común para adaptarla a las actuales relaciones que mantiene con las diferentes administraciones.

Garantía democrática

González ha subrayado que el Procurador del Común supone una "garantía democrática" a la que "ni se puede ni se debe renunciar", sino "reforzar" como un "indiscutible contrapeso a la frecuente relación de desigualdad" entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, el portavoz ha dado la "enhorabuena" a Javier Amoedo por su gestión y le ha transmitido "toda la confianza" de su Grupo.

Asimismo, el procurador de IU ha criticado a la Junta de Castilla y León por "no tomar medidas a favor de una fiscalidad más justa" ni "luchar contra el fraude", al tiempo que ha cargado contra el "deficiente" funcionamiento de la burocracia administrativa, como, a su juicio, "prueba" el informe de Amoedo.

José María González también ha alabado el conocimiento de sus derechos y el "civismo" de los castellanoleoneses a la hora de recurrir a esta Institución, que se suma a las "actuaciones de oficio" del Procurador, sobre todo en las convocatorias públicas de empleo, donde se mantiene "la práctica medieval de enchufes, favoritismos y nepotismos" en los municipios, ejemplo de la "precariedad" con que los consistorios "hacen frente a sus competencias".

El portavoz del Grupo Mixto se ha referido, asimismo, al problema de la vivienda, que "sigue acuciando" a la población; las operadoras de telecomuniciones, que "campan a sus anchas ante la falta de voluntad política", y el "poco interés" de las administraciones por aceptar las recomendaciones en Salud o Medio Ambiente, una actitud que ha calificado de "arrogante".

En este sentido, González ha enfatizado la "inadecuada" o "insuficiente" información facilitada por los organismos públicos "cuando al fin se dignan a responder", por lo que ha mostrado su "sorpresa" ante el "desprecio" de la Junta hacia lo que el Estatuto de Autonomía "define como amparo de todos los habitantes".

También Alejandro Valderas ha felicitado a Javier Amoedo por los "1.167 folios" que le ha costado "bastante" leer y que reflejan "que la obligación de las administraciones es incumplida por una cuarta parte de las mismas".

Falta de acceso

Valderas también ha criticado la "falta de acceso" a los expedientes y a la información requerida al Ejecutivo autonómico, como "saber cuántos profesores de religión" trabajan en la Comunidad.

Asimismo, el viceportavoz y parlamentario de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha destacado la alusión, en la página 968 del informe, al empleo del procedimiento de corrección de errores en los procesos de tramitación administrativa para "modificar acuerdos" y ha lamentado la "incapacidad" del Procurador del Común para conseguir "que la Administración colabore".

Por ello, ha planteado diferentes medidas para cambiarlo, como el establecimiento de multas o el bloqueo de expedientes de aquellas convocatorias cuyas recomendaciones no se satisfagan.

Por último, el procurador leonesista se ha referido a las quejas de ciudadanos "que se identifican como leoneses" y que se ven "marginados" por los organismos públicos a la hora de manifestar ese sentimiento.

Así, Valderas ha pedido "igualdad" para estas iniciativas con relación a "otras similares desarrolladas por la Fundación Villalar".