El bloque del juicio del caso 'Malaya' referido al presunto blanqueo de capitales a través de la compra de obras de arte y de lotería premiada ha finalizado en la sesión de este martes y la vista oral se retomará el próximo 17 de octubre con la última parte, en la que están acusados empresarios, por presuntos pagos al principal acusado, Juan Antonio Roca, y exediles del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), por supuestos cobros.

El juicio no se retomará hasta esa fecha por petición de las defensas, fundamentalmente al del presunto cerebro de la trama. La idea es comenzar el bloque, según ha indicado en sala el presidente del Tribunal, José Godino, por asuntos concretos, como la presunta tenencia ilícita de armas del que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo; y los vehículos supuestamente regalados a la entonces alcaldesa y el Rolls Royce.

El proceso, que se inició hace hoy un año con la fase dedicada a las cuestiones previas, aunque hasta diciembre no comenzó el primer bloque, lleva 96 sesiones celebradas y afronta en los próximos meses el último bloque. El Tribunal pretende que el juicio, incluido los informes finales de las partes que podría durar más de un mes, se quede visto para sentencia antes del próximo verano, según han precisado fuentes judiciales.

Entre los 51 acusados del próximo bloque, que serán los últimos en declarar, están, además de Roca, los exalcaldes marbellíes Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones; exediles como Isabel García Marcos, Pedro Pérez, María José Lanzat o Rafael González; el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez, 'Sandokan', Tomás Olivo, los responsables de la promotora Aifos o José María González de Caldas.

Tanto los investigadores como la Fiscalía Anticorrupción han venido manteniendo que pese a que Roca no era cargo electo, ni tenía la jefatura de servicio municipal alguno éste ostentó "una posición de dominio sobre la corporación municipal, hasta el punto de que los distintos concejales del equipo de Gobierno y la propia alcaldesa aparecían subordinados a su poder de decisión", según se precisa en el escrito del ministerio público.

La acusación sostiene en sus conclusiones provisionales que esta situación de poder "se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus distintos integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero, lo que le permitía disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que estos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico".

A su vez, se indica que los fondos que Roca "aplicaba a los sobornos de los munícipes y empleados del Ayuntamiento procedían de los pagos que hacían a dicho procesado los distintos promotores y empresarios", que están acusados, añadiendo que la "preeminencia" del principal acusado en la corporación municipal se debía al hecho de "ser él quien, de modo inequívoco, había venido mandando en el urbanismo de la localidad" hasta su detención.

El fiscal indica que el control de los fondos "lo llevaba desde la entidad Maras Asesores". En el registro de las oficinas de dicha entidad se localizó una serie de archivos informáticos "en los que supuestamente se reflejan los apuntes contables —ingresos y salidas— de los fondos que ilícitamente llegan a su poder". Según los investigadores, el acusado Salvador Gardoqui era el encargado de llevar esa supuesta tesorería, siendo el "amanuense". PERITOS

Precisamente, en la sesión de este martes, peritos de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación han sido cuestionados por estos archivos, que se refieren a los años 2004 en adelante, aunque los funcionarios han indicado que "existen previsiones" y "algunos pagos" de 2003, pero no una contabilidad como tal de ese año ni años anteriores. También se le ha preguntado por lo que recogen esos archivos sobre la adquisición de lotería premiada.

En este sentido, han indicado que sí han "podido conciliar" con los archivos Maras una anotación que pone 'Karim para Murcia', que asocian a un desembolso de 384.000 euros y aunque han indicado que en dichos documentos "aparecen salidas de dinero bajo determinados epígrafes de importes considerables que no sabemos el destino dado", los funcionarios han añadido que "no hay anotación concreta que se refiera a lotería" en unos meses determinados.

Los peritos y abogados defensores, sobre todo el que representa al marchante de arte Jean Fournets, han protagonizado en esta sesión varios enfrentamientos dialécticos debido a las adquisiciones de cuadros por parte del presunto cerebro, cuya defensa ha cuestionado también por los pagos a los galeristas y por la procedencia de los ingresos para ellos.