El portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido este martes de que el Ejecutivo autónomo se encuentra en una situación "de indefensión jurídica brutal" ante el bloqueo de fondos, como los correspondientes a los planes de desarrollo sostenible del medio rural, por parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

En rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha expresado la "preocupación" del Ejecutivo aragonés "por la actitud del Gobierno central con el tema de bloquearnos fondos" al alegar que la Comunidad no cumple con los criterios de déficit y basarse en unos informes "a mi juicio sesgados", ya que Aragón está realizando planes de ajuste y de reducción del déficit público y los convenios a desarrollar "tampoco suponen un aumento significativo de la deuda".

Así, "la indefensión jurídica que tiene el Gobierno de Aragón ahora mismo es brutal, porque tenemos convenios en marcha, políticas en marcha cofinanciadas con el Gobierno central" y si el Ejecutivo "decidiera aplicar estos criterios igual —para otros planes— nos pondría en una situación financiera muy complicada", ha subrayado.

Por ello, ha avanzado que "los servicios jurídicos de esta casa están pensando seriamente llevar a cabo un conjunto de recursos para defender al Gobierno de Aragón, porque no puede ser que tengamos convenios firmados y los bloquee el Ministerio de Hacienda".

En el caso de los fondos de desarrollo sostenible del medio rural, el también consejero de Presidencia y Justicia ha recordado que el Ministerio de Hacienda los bloqueó y en Aragón "llegamos a un acuerdo" para aportar 3,5 millones de euros "de fondos propios del Gobierno de Aragón".

Asimismo, "hemos enviado la tercera carta pidiendo que desbloqueen los 14 millones de euros" que corresponde aportar al Ministerio de Medio Ambiente, mientras que "aquí hemos sacado el dinero de las cuentas públicas del Gobierno de Aragón".

A su juicio, "el Gobierno de la Nación ha decidido no firmar ningún tipo de convenio para reducir el déficit público de alguna manera, ahogando a las Comunidades autónomas" y ha opinado que "debe de existir alguna orden de no permitir firmar convenios para que no gasten ni las Comunidades ni el Estado", de modo que "se corta" el déficit en ambas instituciones, "pero la presión social está en el territorio" que requiere de esos fondos, ha aseverado.