Ávila ve "inadmisibles" e "ilegales" algunas enmiendas del PP sobre la reforma de la Ley de Cajas

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, considera "inadmisibles" e "ilegales" algunas enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de reforma de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para su adaptación a la normativa estatal.
Antonio Ávila En Pozoblanco
Antonio Ávila En Pozoblanco
EUROPA PRESS
Antonio Ávila En Pozoblanco

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, considera "inadmisibles" e "ilegales" algunas enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de reforma de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para su adaptación a la normativa estatal.

En declaraciones a Europa Press, el consejero quien recordó que esta modificación pretende alcanzar "la capitalización de las cajas, facilitando su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito; y la profesionalización de la gestión y de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, todo ello con la finalidad de fortalecer a las cajas como entidades de crédito y facilitar el flujo de crédito".

Este decreto-ley fue convalidado por el Parlamento andaluz el pasado día 25 de mayo, que asimismo acordó tramitarlo como proyecto de ley. En este mes de septiembre están tramitándose en el Parlamento andaluz las enmiendas parciales al citado proyecto de ley, que previsiblemente se aprobará por el Pleno en el mes de octubre.

Para el consejero, "debería alcanzarse el máximo consenso posible entre los partidos", ya que "se trata del marco normativo desde el que las cajas andaluzas culminarán sus estrategias de capitalización, dentro del actual proceso de reestructuración del sector de las cajas de ahorros, el más importante de su historia".

Tras destacar los "esfuerzos" realizados por el grupo parlamentario socialista "para alcanzar acuerdos sobre el mayor número de enmiendas de las presentadas por los diferentes grupos" y anticipar que "a la vista de las enmiendas, es posible alcanzar el consenso", ha dejado claro que "en ningún caso pueden admitirse ciertas enmiendas del PP".

Ávila critica que el PP pretende "configurar una composición de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros ilegal, es decir, contraria a la norma básica, pues proponen superar el límite máximo de representación pública en los órganos de las cajas que fija la norma básica en el 40 por ciento".

Asimismo, a su juicio, "tampoco resulta admisible obligar a las cajas de ahorros andaluzas a acometer de forma inmediata una renovación de órganos de gobierno, que les generaría inestabilidad, sin tener en cuenta la trascendencia de los procesos que están culminando en estos momentos las cajas andaluzas, que requieren toda su atención".

Ávila ya ha advertido de que "tampoco se va a suprimir, como propone el PP, el Fondo de Reestructuración financiera de Empresas, esto es, un volumen de recursos financieros por importe de 70 millones de euros destinados a financiar a empresas andaluzas que, siendo viables, atraviesan dificultades coyunturales, financiándoles sus planes de reestructuración".

Ha defendido la inclusión de dicho fondo, cuya inclusión en el proyecto de ley está "claramente justificada" y a su juicio, la propuesta de supresión del PP "dice poco respecto a su política de apoyo a la financiación de las empresas".

"Si estas son las magníficas propuestas desde las que el PP pretende mejorar el marco normativo de las cajas andaluzas y suprimir lo que, según ellos, es un excesivo intervencionismo y una excesiva politización de las cajas, ya les adelanto que no van a ser admitidas", ha aseverado el consejero, quien insiste en que estas propuestas "no pueden admitirse porque las enmiendas que son ilegales, irracionales y contrarias al más elemental sentido común, las termina poniendo el Tribunal Constitucional en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia del TC sobre CajaSur".

Poca coherencia

Ávila lamenta que el PP "propone una composición de órganos de gobierno de las cajas de ahorros poco coherente con el discurso que mantiene de reducir la presencia pública y de los políticos en las cajas".

El PP propone una composición de la asamblea general, al igual que el consejo de administración y comisión de control, en la que, la suma de los grupos 'públicos' (corporaciones municipales, con un 18 por ciento, Parlamento de Andalucía, con un 12 por ciento, y Fundadoras, con un diez por ciento, y diputaciones provinciales), alcanza el 40 por ciento, "límite máximo permitido por la legislación básica estatal".

Sin embargo, propone también el PP que el grupo de 'Otras organizaciones', al que asigna un 10 por ciento de representación, inferior al 18 por ciento que atribuye a este grupo el proyecto de ley), se modifique dividiendo este grupo en tres subgrupos, igual que en el proyecto de ley, correspondiendo a cada uno de ellos un tercio de sus miembros pero alterando la composición de los grupos dos y tres.

"El PP propone una composición de órganos de gobierno de las cajas de ahorros que no apuesta por la representación plural y democráticamente organizada de la sociedad civil, puesto que disminuye su representación; excluye entidades representativas de intereses sociales y colectivos presentes actualmente en los órganos de las cajas de ahorros y en los órganos consultivos de la Administración autonómica", se lamenta Ávila.

Sobre la renovación "inmediata" de órganos de gobierno de las cajas andaluzas, Ávila apunta que el PP "no tiene en cuenta la actual situación de las cajas andaluzas, algunas en período transitorio", toda vez que los populares proponen en sus enmiendas "renovar los órganos de gobierno de las Cajas andaluzas en los próximos meses —en dos meses siguientes a la autorización de los nuevos estatutos y concluir el proceso como máximo en seis meses desde aquélla—".

A juicio del consejero, la opción que propone el PP "provocaría una gran inestabilidad a las cajas, nunca deseables, pero mucho menos en el actual momento que atraviesan, abordando el mayor proceso de reestructuración de su historia".

Ávila critica que el PP-A "dice una cosa, pero hace otra allí donde gobierna" y ha puesto como ejemplo los casos de Valencia, Castilla y León o Galicia.

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