El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón presentará en el próximo pleno una Declaración Institucional con el fin de instar al Gobierno de la Nación a que autorice "de manera inmediata" y por una "cuestión de justicia", la transferencia hídrica de 90 hectómetros cúbicos de agua anuales "necesarios para el desarrollo sostenible de las actividades económicas de la provincia".

Según el texto, "esta petición no supone una merma en los caudales que garantizan el riego y la continuidad del Delta, sino que se corresponde al 15 por ciento de los excedentes vertidos al mar".

Además, se solicita la constitución de un Consorcio de Aguas, según ha confirmado este viernes el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, quien ha detallado que el texto también recoge dar traslado del acuerdo a la Presidencia del Gobierno de la Nación, así como al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La Diputación Provincial de Castellón, en sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 8 de abril de 2005, adoptó solicitar al Gobierno de la Nación la autorización de la transferencia a la provincia de Castellón de 90 hectómetros cúbicos de agua al año, así como la autorización para la constitución de un Consorcio de Aguas de la provincia de Castellón, ha recordado Mulet.

El indicado acuerdo fue remitido al Palacio de la Moncloa y, al no haber recibido respuesta alguna, el 7 de agosto de 2006 se reiteró al Ministerio de Medio Ambiente la voluntad de la Diputación Provincial de Castellón, ha añadido.

Con fecha 9 de marzo de 2007 la Diputación Provincial de Castellón, a través de su presidente, dirigió escrito a la ministra de Medio Ambiente, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basaba para reclamar la transferencia a la provincia, formulaba también requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, según establece el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El pasado 22 de junio la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo dictó sentencia, determinando que el silencio administrativo de la Administración central sobre la reclamación formulada por la Diputación Provincial de Castellón no es ajustado a derecho, porque, conforme a lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

Según ha denunciado Mulet, "existe un trato desigual a la hora de conceder trasvases por el Gobierno de la Nación, debiendo ser similar ante iguales situaciones fácticas -pertenencia al ámbito territorial de la misma cuenca-, y así ha permitido la puesta en marcha del canal Segarra-Garrigues para regar desde el Segre (afluente del Ebro) 70.000 hectáreas de terreno en Cataluña".

La posibilidad de que exista agua para hacer trasvases en Cataluña, -según Mulet- "debería servir del mismo modo en la provincia de Castellón también, máxime tendiendo en cuenta que parte de la provincia se encuentra en la cuenca hidrográfica del Ebro, aportando 32,54 hectómetros cúbicos, en la que todos los años se dejan de utilizar 600 hectómetros cúbicos de agua de la concesión de los regantes del Delta del Ebro, y en base a ello pedimos el 15 por ciento de ese sobrante".

"La negativa vulnera los objetivos de equilibrio y armonización del territorio, así como la vertebración del mismo y el principio de solidaridad e igualdad, ambos recogidos en nuestra Constitución", ha manifestado el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Castellón.