El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes operaciones de endeudamiento a tres comunidades autónomas (Andalucía, Baleares y Murcia) por un importe global de 2.221,24 millones de euros, de los que 1.579,6 millones corresponden a Andalucía.
Estas autorizaciones se conceden tras haberse considerado idóneas por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en su reunión del pasado 27 de julio, las medidas contenidas en los respectivos planes de reequilibrio de estas comunidades y resultan conformes a sus previsiones.
En concreto, se autoriza a Andalucía a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe máximo de 1.579.699.861,72 euros. Estas operaciones se destinarán a financiar el déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011, dentro del primer tramo del 0,65 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB), los abonos de las liquidaciones negativas y la variación de activos financieros así como el déficit pendiente de financiar respecto del objetivo de estabilidad de 2010, en virtud de los acuerdos del CPFF.
A Baleares se le autoriza a tomar préstamos y realizar una o varias emisiones de deuda pública (obligaciones y bonos) hasta un importe máximo de 209.548.000 euros. En cuanto a Murcia ha sido autorizada a operaciones de préstamos a largo plazo y/o emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 432.000.000 euros. Estas operaciones se destinarán a financiar déficit de ejercicios anteriores, así como las amortizaciones de deuda a largo plazo previstas para el segundo semestre de 2011 (113 millones de euros). Estas últimas no supondrán un aumento del endeudamiento de la Comunidad.
Las operaciones autorizadas hoy son a cargo del programa anual de endeudamiento de 2011 de cada Comunidad y son conformes con sus respectivos planes económico-financieros de reequilibrio. Estas operaciones de endeudamiento se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
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